14
Jue, Diciembre 2017 01:12 AM

Casi todo es otra cosa

La bancada oficialista se resiste a dar a conocer el mapa actual de bosque nativo. Sin ese dato, no habrá un verdadero debate legislativo

CASI TODO ES OTRA COSA

Ernesto Kaplan

@ernestkaplan

De nuestra Redacción

Mientras en las coaliciones de Unión por Córdoba y Cambiemos encargan encuestas para medir posibles candidaturas para las elecciones legislativas del presente año, con posicionamientos internos que ya empiezan a hacer ruido puertas adentro de cada fuerza, los desafíos de gestión en los gobiernos provincial y municipal  representan el principal obstáculo a vencer en el mediano plazo. En ese marco, cada administración tiene su talón de Aquiles. En el discurso que ayer ofreció en la Legislatura Unicameral, el gobernador Juan Schiaretti se refirió a uno de ellos: el áspero debate por la nueva Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. 

El titular del Centro Cívico ratificó que “si no hay consenso no hay ley”, en lo que puede interpretarse como un pedido de colaboración al arco opositor más conciliador. Allí, donde se asientan las bancas de algunos parlamentarios del radicalismo y del Pro, que poseen intereses similares a los de la Provincia para que la Ley de Bosques sufra la anunciada metamorfosis. Cuando en la víspera señaló que “el consenso debe lograrse donde está la legitimidad social”, Schiaretti dejó traslucir su creciente preocupación, atento a la posibilidad de que el análisis de dicha iniciativa se instale en la agenda como una causa provincial y hasta nacional, tal como ocurrió años atrás con el rechazo a la radicación de la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. La señal de alerta se prendió en el tablero del Panal tras la masiva movilización de diciembre último en nuestra ciudad. Pero el agua que colmó el vaso y disparó la sirena se desencadenó con las protestas que se han venido sucediendo en localidades del interior cordobés. Y, sobre todo, con los recientes pronunciamientos públicos de artistas que apoyan el reclamo de las organizaciones ambientalistas y de vecinos autoconvocados. En ese amplio espectro, existe un común denominador, que debería ser considerado por las autoridades antes de apretar el acelerador. Con diversas argumentaciones, están solicitando lo mismo: que se preserven las áreas protegidas como bosque nativo. Entienden, con razón, que se trata de ecosistemas clave para la regulación hídrica y climática, la protección de la biodiversidad y la subsistencia de las comunidades campesinas.

Para reanudar el tratamiento legislativo, el Gobernador le encargó al presidente Mauricio Macri que se involucre en el tema. Y éste le ofreció una de sus habituales soluciones salomónicas. Le garantizó el desembarco, en poco tiempo más, del ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, quien tomará parte del análisis del proyecto en las comisiones de la Unicameral. Schiaretti calcula que si el jefe del Estado le da un guiño a la propuesta, los legisladores del interbloque Cambiemos se verían forzados a avalarla con su voto. Además, no hay que perder de vista que los referentes de las entidades ruralistas cordobesas, que vienen presionando con insistencia para que se avance con la adecuación de la citada herramienta, hoy se sienten más representados por la UCR y el macrismo.           

Mientras esto ocurre, la bancada oficialista sigue jugando a las escondidas y se resiste a dar a conocer el mapa actual de bosque nativo que se quiere modificar. Ese es el eje central de la reforma porque brinda precisiones acerca de cuáles serán las hectáreas que se habilitarán para ampliar la producción agropecuaria. Es lo que está exigiendo la Comisión de Enlace a los efectos de que se reduzcan las zonas pintadas y se permita realizar ganadería en un sistema silvopastoril, en un sector más amplio que el actual. Sin ese dato, no habrá un verdadero debate legislativo. Apenas, una puesta en escena con un final absolutamente predecible.  

El otro gran debate

En el ámbito municipal, el martes pasado tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que contiene los pliegos para licitar el sistema de recolección de residuos. Por la magnitud que tendrá esta prestación en términos económicos, será la apuesta más ambiciosa de la administración mestrista durante 2017. Y riesgosa, en materia política, debido a que cualquier traspié podría impactar de lleno en la consideración de los vecinos de esta capital, a escasos meses de los comicios. 

Lo curioso es que la antesala de este debate se dio en los medios de comunicación, sobre todo, a partir de la decisión de la concejala del bloque unipersonal (Partido de la Social Democracia), Laura Sesma, de salir a marcar diferencias con la bancada oficialista para dejar en claro que es la principal espada de Elisa Carrió en Córdoba. Para ello, la ex dirigente socialista cuestionó con dureza a la conducción del gremio de recolectores (Surrbac), a la que tildó de corrupta y patotera. Lo que la edil blanqueó no fue solamente su aspiración de competir por la intendencia en 2019, sino también su esencia antidemocrática y anti obrera. En los últimos días, sugirió encarar una propuesta que se encuentra en sintonía con los alarmantes intentos del gobierno nacional de avanzar sobre los convenios colectivos laborales. Concretamente, propuso terminar con el “sistema de privilegios absurdo” del Surrbac que, a su entender, “insulta a la ciudadanía”. En una entrevista con el matutino La Voz del Interior publicada el 27 de enero, Sesma fue más allá y dejó entrever que Mestre no tendría “las manos limpias y sueltas” para “controlar” a las empresas Lusa y Cotreco, ya que éstas habrían financiado su campaña para llegar al Palacio Seis de Julio. A las 72 horas, se desdijo y aclaró en un tuit: “nunca afirmé que Lusa y Cotreco financiaron la campaña del Intendente, digo que la licitación debe hacerse con absoluta transparencia”. Afortunadamente, todos estos baches conceptuales de la concejala están guardados en la memoria de este periodista. Y en los archivos periodísticos, que reflejan con exactitud sus permanentes desvaríos.

Al margen de las pretensiones personalísimas de Sesma, lo que aquí importa guarda relación directa con la nueva Ley de Bosques. Iniciativas de semejante relevancia, no pueden discutirse a las apuradas. Mucho menos con caprichos de dirigentes que lo único que buscan es cobrar una mayor visibilidad ante la opinión pública. Si el bloque de concejales del radicalismo y sus aliados está dispuesto a receptar modificaciones, debería escuchar a todos los actores involucrados. Y evitar un tratamiento exprés, como sucede cada vez que se autoriza un aumento en el boleto urbano. El paquete de servicios de recolección, barrido, limpieza y disposición final prevé este año un presupuesto de 3.600 millones de pesos. El problema radica en que, además de ser costosas, las prestaciones tampoco han mejorado desde que en 2012 se decidió desarticular a la estatal Crese para habilitar la llegada de Lusa y Cotreco. Entonces, cabe preguntarse si no es esta una excelente oportunidad para que quienes nos gobiernan bajo la consigna del “cambio”, le hagan honor a ese eslogan y lo lleven a la práctica en nuestra ciudad, contemplando a otras empresas en los pliegos, y previendo una sustancial rebaja en las tarifas que cobrarán las prestatarias.      

 

 

0
0
0
s2sdefault