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Jue, Diciembre 2017 01:03 AM

Ciudad

La Municipalidad de Córdoba debió instar previamente la acción de exclusión de la tutela sindical que rige hasta 2019, un año después de finalizar su mandato en el Suoem

Así lo dispuso esta mañana la jueza de Conciliación Sofía Keselman al declarar la nulidad del decreto 2504 de la Municipalidad de Córdoba, emitido el 27 de julio de 2017, que dispuso colocar al empleado y líder de la consucción del gremio municipal, Rubén Daniele, en estado jubilatorio y establecer el cese efectivo de prestación de tareas a partir del 2 de enero de 2018. Sin perjuicio de ello, la magistrada rechazó la querella por práctica desleal entablada por el dirigente gremial, por derecho propio, y en representación del Sindicato de Empleados Públicos Municipales (Suoem) contra el Poder Ejecutivo Municipal.

La sentencia dictada por el Juzgado de Conciliación de 1.° Nominación de Córdoba señala que la Municipalidad de Córdoba, antes de intimar al trabajador a los fines de iniciar los trámites jubilatorios y disponer su baja y cese de servicios, debió instar la exclusión de la tutela sindical (conforme al procedimiento judicial previsto en el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales), puesto que, conforme al art. 48 de la misma ley, Daniele goza de estabilidad sindical hasta el 3 de enero de 2019, un año después de la finalización de su mandato. 

La sentencia remarca que la declaración del estado jubilatorio de un trabajador “no es inocua” puesto que a partir de la efectivización de la baja mediante el cese de prestación de servicio activo, el agente deja de percibir su retribución y pasa a recibir, como anticipo previsional, un haber mensual equivalente al 65% de la remuneración bruta correspondiente al personal en actividad de su misma categoría, hasta el momento en que la Caja otorgue definitivamente el beneficio de la jubilación ordinaria. Asimismo, señala que la baja dispuesta importa el cese o egreso del agente a la Administración Pública Municipal, conforme lo estipula expresamente el artículo 15 del estatuto respectivo (inc. e), con lo que el vínculo concluye, de lo que se sigue que tales actos efectivamente constituyen una alteración de las condiciones laborales del actor. 

“En definitiva, por las razones vertidas, la demandada ha realizado uno de los actos vedados por el art. 52 de la LAS respecto de los trabajadores que gozan de tutela sindical, sin transitar en forma previa por el trámite previsto por la ley como condición de validez de aquéllos”, concluyó la titular del Juzgado de Conciliación. 

Práctica desleal 

En cambio, la jueza Keselman descartó la querella por práctica desleal planteada por Daniele y el Suoem contra la Municipalidad de Córdoba por haber modificado el status de un empleado público con tutela sindical sin haber requerido, de modo previo, la exclusión de su tutela sindical. La magistrada expresó que “la cuestión vinculada a la necesidad de promoción de la acción de exclusión de tutela sindical en el caso de trabajadores en condiciones de jubilarse ha dado lugar a opiniones disímiles, tanto en la doctrina cuanto en la jurisprudencia”.

Y agregó que, a nivel doctrinario, se ha sostenido que “no pueden reprimirse las cuestiones que presentan interpretación debatible” y que “toda duda debe recaer a favor del imputado”. “Para ser más clara, no siendo pacífica la doctrina y la jurisprudencia sobre el particular, bien pudo la accionada obrar en el convencimiento de que no cometía un acto antijurídico”, enfatizó la jueza.

En consecuencia, el fallo concluye que no se dan los presupuestos para que la conducta asumida por la demandada pueda ser considerada punible en los términos que autorizan los artículos 53 a 55 de la Ley de Asociaciones Sindicales. 

 

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