Por Ernesto Kaplan.
La ley antiterrorista aprobada en diciembre del año pasado por el Congreso sigue generando críticas de distinta índole. Legisladores de la oposición, docentes y referentes gremiales cuestionaron los alcances de la norma sancionada a instancias de la mayoría oficialista y a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo el argumento de que puede utilizarse para "criminalizar la protesta social".
Al mismo tiempo, alertaron sobre la existencia de "peligrosas coincidencias" entre dicha iniciativa nacional y el proyecto anunciado el 1 de febrero último por el gobernador José Manuel de la Sota, que contempla una reforma parcial del Código de Faltas de Córdoba con el objetivo de aplicar sanciones más severas a quienes tiren bombas de estruendo y quemen cubiertas durante las manifestaciones en la vía pública.
Como se recordará, la ley antiterrorista incorporó al Código Penal dos artículos que aumentan las penas de todos los delitos que se cometan "con la finalidad de aterrorizar a la población" o de "obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". El texto aclara que el agravante que duplicaría dichas sanciones sólo se aplicaría a "actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales" y que esto excluye "de cualquier intención criminalizante los hechos de protesta social", que están dirigidos a "reclamar por derechos individuales o colectivos".
La norma del Ejecutivo Nacional añade que, aún cuando esos reclamos transgredieran la ley penal, "no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional". La categórica conclusión es que "en ningún caso la persecución y sanción del terrorismo pueden amparar la violación a los Derechos Humanos".
La salvedad fue bienvenida en su momento pero no alcanzó a disipar los justificados temores que suscita la ley. Sucede que los conceptos abiertos e imprecisos de la mencionada normativa permitirían utilizar el agravante de "terrorismo" para la resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o meros actos de protesta en el espacio público.
Para el presidente del bloque de legisladores provinciales del Frente Cívico, Roberto Birri, la incorporación al Código Penal de duras penas para cualquier delito cometido con "la finalidad de generar terror en la población denota un concepto tan abierto e impreciso que podría llegar a validar cualquier atropello del Estado a cualquier conducta personal".
"Esta ley es innecesaria y hasta peligrosa porque afecta derechos constitucionales, tal como lo advirtiera tiempo atrás el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni", consideró el parlamentario socialista, quien a su vez señaló que "deja abierta la posibilidad puntual de atentar contra las protestas sociales".
De acuerdo a lo expresado por Birri, "cada país debería hacer un análisis de su propia realidad y no meter al terrorismo en una gran bolsa para atemorizar a sus poblaciones". En tanto, agregó que, "pese a los intentos que se han hecho para presentar esta norma como una herramienta neutral, se trata de una iniciativa que no debería tener ninguna relación con un Gobierno que dice ser progresista y defensor de los derechos humanos".
Por su parte, el secretario Ge-neral de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Córdoba Capital, Guido Dreizik, coincidió con Birri en el sentido de que "se trata de una ley que viene a acompañar las realidades de otros países para garantizar los mega negocios que se llevan puestas a las necesidades de las pequeñas poblaciones". "En su fundamentación, el proyecto presenta grandes contradicciones que lo tornan inverosímil, pero también hay una confesión de que en realidad no es una necesidad nuestra", insistió.
Según recordó el gremialista, "el Código Penal argentino ya contiene toda la legislación necesaria para encarar la lucha contra el terrorismo. Simplemente es cuestión de que se aplique la ley y que no haya facilidad de coima para determinados funcionarios que hacen la vista gorda ante ciertos delitos". Al respecto, mencionó que "el conflicto por la megaminería muestra cómo se viene adaptando la legislación para correr la protesta social hacia el delito. Evidentemente, esta ley antiterrorista busca generar una ruptura de los lazos sociales entre los luchadores que promueven actividades políticas de masas para lograr determinadas reivindicaciones".
Finalmente, la legisladora provincial de Izquierda Socialista, Liliana Olivero, argumentó que "con estas leyes se busca amordazar las luchas obreras en cualquier provincia, tal cual se produjo con los cortes de ruta contra la megaminería en Tinogasta, Belén y Andalgalá, y con las protestas permanentes de los trabajadores por mejores salarios". Para la parlamentaria, "la Nación está buscando nuevas herramientas para reprimir los derechos que tiene la población a reclamar por trabajo, salud, educación y vivienda".
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