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Lun, Agosto 2017 08:46 PM
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A esta altura parece más fácil contar con una cartografía precisa de la superficie del planeta Marte que con un mapa que consigne de manera fidedigna el área de bosque nativo a preservar 

CASCANUECES

Pablo Moragues

De nuestra Redacción

A esta altura parece más fácil contar con una cartografía precisa de la superficie del planeta Marte que con un mapa que consigne de manera fidedigna el área de bosque nativo a preservar en esta provincia. Lo que se dice, un verdadero papelón. Y eso que para realizar la primera tarea se necesitan cohetes, sondas y telemetrías y para llevar a cabo la segunda, si no somos muy exigentes, a lo sumo se requiere una chata modelo ’67 que nos lleve, por caso, hasta Chancaní. La historia de la degradación del suelo cordobés discurre en paralelo, desde hace décadas, con la degradación de una forma de hacer política que tiene poco de seriedad y mucho de improvisación.

Además de bochorno, esta es una historia de presiones, intereses, acomodamientos y compromisos incumplibles. Es la vieja puja entre los defensores de un progreso a ultranza, que se lleva puesto todo lo verde que encuentra a su paso, y los guardianes de una flora y fauna que se va yendo despacito, en una muerte que se renueva todos los días. Una puja que se manifiesta en muchos frentes de batalla, como la incontenible expansión de la frontera urbana, industrial y agropecuaria; como la búsqueda de predios en los que sacar de la vista la colosal montaña de basura que los seres humanos somos capaces de generar; como la expulsión de sus tierras ancestrales de tantos campesinos; como en las selectas urbanizaciones que le birlan espacio a los montes y las riberas de los ríos; como los autos atronadores que cada enero zigzaguean por caminos acaso inaptos para tales competencias; como los incendios que en un soplo ardiente convierten el oasis serrano en un páramo.

En medio de ese enfrentamiento viene a terciar una clase política que, desde cualquier lado del mostrador, es más proclive a mostrar los dientes que a estrujar el cerebelo. Aceptemos que acercar extremos tan distantes es imposible, pero si a ese dilema le sumamos prebendas oscuras, negociaciones bajo la mesa y oportunismos de todo tipo, la mesa está servida para encontrarnos en el atolladero en el que estamos. Y los antecedentes no son precisamente reconfortantes. La hoy desvirtuada ley de 2009 sobre ordenamiento territorial fue parida en vergonzantes circunstancias en las que, a última hora y en forma artera, todo lo debatido en instancias previas fue descartado sin más para hacer lugar a la larga lista de exigencias del sector agrario, estrato social que sabe bien dónde y cuándo apretar las clavijas. A ese comienzo poco prometedor se sumó luego la confirmación de que el mapa que se hizo en ese momento de la provincia había sido confeccionado en una simple hoja A4, en lugar de con un diseño a escala y con una versión cartográfica digital.

Pero la cosa es más desopilante. Desde la misma Cartez aseguraron entonces que muchas cosas que autorizaba esa normativa quedaron prohibidas luego con la reglamentación. Además, en la categoría roja la ley cordobesa permite numerosas actividades que contrarían la conservación, como el aprovechamiento sustentable, la minería, las labores ganaderas, las reservas forrajeras y las obras de infraestructura. Todas estas actividades requieren de un desmonte previo que está terminantemente prohibido en la ley nacional en zona roja.Estos ingredientes, dignos del más fino sainete, conspiran contra cualquier ilusión de coherencia.

Por lo demás, la actual intención de modificar o precisar la normativa vigente (que a todas luces necesita urgentemente de una modificación y precisión) deja al descubierto a un oficialismo que no puede escapar a su inveterada costumbre de avanzar en puntas de pie, tratando de hacer el menor barullo posible, hasta que alguien tropieza, se caen con estrépito las bandejas y todo queda al descubierto. Tampoco pasa airosa la prueba la oposición, que, al igual que el Gobierno, hace equilibrio en un palo enjabonado para quedar bien con Dios y con el diablo, y de paso arañar algún mezquino rédito político.

Un párrafo aparte merece la cacareada realización de consultas públicas y abiertas para darle a esta norma tan importante una mano de barniz democrático. Como ya fue expresado más arriba, el menosprecio a este mecanismo que quedó impúdicamente a la vista en 2009 lo dice todo. Asimismo, a lo largo de los años la pretendida participación popular en cuestiones espinosas, materializada en conferencias informales o audiencias públicas, ha derivado en una burla y una pérdida de tiempo. Innumerables han sido las audiencias públicas sobre temas más que trascendentes en las que, como todo el mundo sabe que son una mera formalidad, sólo han participado dos o tres estoicos oradores, un vendedor de panchos, dos empleados de maestranza y algún despistado que entró al recinto por equivocación.

Como si la trama no fuera ya suficientemente compleja, queda todavía por ver el consenso que los legisladores del oficialismo quieren asegurarse para poder entrar al recinto sin que les tiren tunas por la cabeza. La aparatosa declamación del consenso suena hueca en vista de años y años de una mayoría educada y obediente que poco ha hecho por realzar a la vista de los cansados votantes la imagen del Poder Legislativo.

Desde la punta de aquel cerro viene bajando el runrún amenazador de un progreso unidimensional, entendido como bota implacable que pisotea las flores de los jardines; un runrún que acaso tenga el único mérito de desnudar las miserias y las carencias de tantos. Para colmo, en un año electoral, los habituales miedos de los políticos se transforman en fobias, la precaución acomodaticia en parálisis y los idílicos consensos en sórdidos contubernios. Espinillos, talas, chañares y mistoles nada saben de las patéticas contradicciones de las formas de vida superiores. Sólo escuchan, allá a lo lejos, pero siempre en aproximación, el sonido de las retroexcavadoras.

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