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Dom, Junio 2017 05:06

América latina, por Irene Savio

“Nosotros en México nos hemos convertido en reporteros de guerra sin chalecos (antibalas), ni entrenamientos, ni protocolos a seguir, y así en blancos fáciles de esta insensata guerra encubierta”, me dijo un colega en diciembre pasado, cuando residí casi un mes en México. “Peor aún, el discurso público y político se ha dirigido a crear la percepción de que si un periodista es asesinado alguna culpa debe de haber tenido. Por eso, muchos de nosotros hemos empezado a pensar que, si te quieren matar, te matarán”, agregó. Me quedé pensando, mientras otros colegas comentaban de otros asesinatos, desapariciones forzosas, balas desdibujadas en Twitter, disputas entre cárteles cambiantes pero siempre feroces, la complicidad profunda en sus raíces del poder económico y político o la desprotección campante de los colegas, como si de temas habituales de conversación se tratara.

El parte de guerra contra los periodistas mexicanos se agrava, no retrocede, desgarra en las entrañas la libertad de información, ahora matando incluso a sus más reconocidos representantes. Sólo en 2017, se ha llegado al tope de siete periodistas asesinados. Once fallecieron en 2016 (426 fueron agredidos), únicamente Afganistán e Irak superan esta cifra. Treinta desde que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó al poder, según Artículo 19, organización que lucha por la libertad de expresión en el país. 103 informadores fueron asesinados entre enero de 2000 y septiembre de 2015, siguiendo las cifras oficiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle). A ello se suman las amenazas, las desapariciones y las agresiones físicas, que se suceden casi a diario, sin frenos.

El 15 de mayo acribillaron a tiros a Javier Valdez, un periodista premiado y veterano que informaba sobre el narcotráfico. Pocas horas después, la subdirectora de un semanario de Jalisco fue víctima de un atentado en el que falleció su hijo, Héctor Jonathan Rodríguez, también periodista. El jueves 18, desapareció en Michoacán el informador Salvador Adame. De él no se ha vuelto a saber. El 23 de marzo, fue el turno de la periodista Miroslava Breach, quien trabajaba en Chihuahua.

Ninguno tuvo justicia. Ni ellos, ni la mayoría de quienes antes de ellos fueron víctimas de la violencia. “De las 798 denuncias, 47 por asesinatos, presentadas ante la Feadle (creada en 2010), sólo se han resuelto 3 casos en los que ha habido sentencia condenatoria”, detalla Ixchel Cisneros, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). “La impunidad prevalece en el 99% de los casos”, ha denunciado Artículo 19.

Datos como estos vuelven a poner de manifiesto la incapacidad de los gobiernos mexicanos para hacer frente al problema. Mientras el crimen sigue boyante en sus negocios y el PIB de México crece, el Estado fracasa en dar apoyo a quienes relatan las villanías de los injustos, a pesar de sus declaraciones (públicas) de buenas intenciones. “No hay presupuesto para 2017”, fue la inverosímil respuesta de Patricia Conchero Aragonés, la responsable de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, el organismo que otorga protección a periodistas y activistas bajo graves amenazas (unos 500 en la actualidad). La razón: los legisladores mexicanos no lo han previsto en los presupuestos de 2017, dijo en declaraciones a la prensa local. 

De no subsanarse pronto esta situación, los mecanismos de protección sólo podrán trabajar hasta septiembre u octubre, con el remanente del año pasado, continuó Conchero Aragonés. “Había un fondo que no se devolvió y es probable que consideraran que con eso se subsanarían los gastos, pero la verdad es que no se calculó la tendencia al alza en las solicitudes de protección, tanto para periodistas como para defensores de los derechos humanos”, admitió, en declaraciones a la prensa mexicana. 

53% agresiones a manos de funcionarios públicos

Más perturbador aún, si cabe, es que, según las organizaciones y buena parte del gremio periodístico mexicano, en el 53% de los casos las agresiones contra informadores en 2016 fueron a manos de funcionarios del Estado. “No es como dice el Gobierno de México, que el único agresor es el narcotráfico. El problema es que la línea entre el Gobierno y el crimen organizado es muy delgada, o nula”, denuncia Cisneros, haciéndose eco de una reclamación muy presente entre los informadores independientes del país. Así la violencia se ha infiltrado en la vida de los periodistas mexicanos, en particular en estados como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, donde se han registrado algunos de los episodios más graves. 

“¿Un ejemplo claro y evidente? El ataque en 2014 contra Karla Janeth Silva, la corresponsal de “El Heraldo de León”, a la que le propinaron una brutal paliza estando ella en su misma redacción. El principal acusado es el alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola”, precisa Cisneros. Nadie se salva de esta guerra sin reglas, en la que las afrentas apuntan a dar a los periodistas más independientes la percepción de que son impotentes ante la violencia y las intimidaciones. Que la violencia llega a todas partes y permanece impune, en la gran mayoría de los casos. Otro reciente testimonio lo hay en lo que ocurrió el 21 de mayo, cuando tres desconocidos ingresaron sin permiso ni identificación en las mismísimas oficinas de la revista de investigación periodística más importante del país, “Proceso”. Llevaban corte de pelo y botas tipo militar, precisó el semanario.

Arturo Rodríguez, periodista de “Proceso”, lo dice sin rodeos: los ataques contra la prensa son ya tan graves, que la única solución es atraer a México “una comisión internacional de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Relatoría de Libertad de Expresión, o bien, de algún otro organismo para indagar los asesinatos y agresiones”. “Lo anterior tiene sentido por lo siguiente: el presidente Peña Nieto e incluso varios dueños de los medios se refieren sólo al crimen organizado como el agresor de periodistas, y no es así”, afirma.

El caso de Javier Valdez es visto como un un antes y un después por muchos periodistas mexicanos. Pues Valdez no era un periodista en sus inicios, o sin respaldo del colectivo. Más bien lo contrario. Poseía un extenso currículum de coberturas relacionadas con temas de narcotráfico, había escrito numerosos libros sobre el asunto —los últimos titulados “Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia” (2016) y “Huérfanos del narco: los olvidados de la guerra del narcotráfico” (2015)—, era corresponsal de un prestigioso medio nacional, “La Jornada”, y había fundado otro, el semanario “Ríodoce”. Incluso había sido galardonado en 2011 por el Comité para la Protección de Periodistas (CPI) con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Sin embargo, también era un periodista incómodo y que no cedió a abandonar el lugar en el que trabajaba. 

De ahí el alud de indignación. “A estos hombres y mujeres, madres, padres, hermanos, amigos, los matan por ser periodistas, pero la sociedad mexicana los ha hecho periodistas del horror. Son testigos que incomodan, pero son fundamentales para que los demás sepamos lo que nos sucede”, escribió Gabriela Polit, académica de la Universidad de Austin, experta en periodismo y literatura. 

“Necesitamos ayuda de todos lados y de todo tipo. Bienvenida sea la ONU, bienvenidos sean otros. Necesitamos conocer protocolos, saber qué hacer. Si hoy un periodista es amenazado por el narco o algún político, todavía muchos no saben a quién acudir, adónde ir”, afirma Rafael Pineda, “Rapé”, un caricaturista político quien en 2011 escapó del estado de Veracruz después de que le dejaran una amenaza en su automóvil. 

“Calladito”, rezaba, cuenta Rapé. “Todo fue muy rápido, la droga apareció por todas partes desde 2008, y yo ya recibía insultos y amenazas por parte del gobierno local. En esos días había escondido a unos compañeros en casa que estaban huyendo… Así fue que tomé la decisión, poco después mataron a Regina (Martínez, la corresponsal de “Proceso” asesinada en 2012)”, recuerda. 

A tal nivel se ha elevado este paroxismo que, en febrero de 2016, al comentar el asesinato de una de sus reporteras, el propietario del diario veracruzano “El Buen Tono”, José Abella, dijo que “la gran mayoría” de los periodistas que cubren policiales están relacionados con el crimen organizado. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de la cadena “Radio Fórmula”, Abella dijo que el nexo incluía a Anabel Flores Salazar, reportera asesinada pocos días antes, bajo el mandato de Javier Duarte (exgobernador, que en la actualidad se encuentra detenido por corrupción en Guatemala a la espera de extradición). Durante su gobierno, el asesinato de periodistas se volvió una macabra contaste. 

Otra cosa chocante es que los periodistas creen que la sociedad siente poca empatía por su situación. “Hay un problema real de cómo se ha construido el periodismo en este país. Por cómo se construyó la relación prensa-poder, por mucho tiempo se cayó en lo mismo, en la dependencia de los contratos oficiales y las élites políticas”, dice Pastrana. “Existen medios independientes en México, pero son más bien recientes, a partir de los ´90, y a menudo son desprestigiados por los otros (medios). Por eso la sociedad ve a los periodistas como algo muy lejano, no parte de la solución, sino parte del problema, a pesar de que hoy haya muchos profesionales críticos, independientes y valientes en todos los estados del país. Y no hay que abandonarlos”, explica. 

Tocar la realidad de primera mano, en el terreno, ver cómo viven los periodistas mexicanos después del inicio de la guerra contra los narcos en México —una estrategia de contraste basada sobre todo en la represión armada y que empezó el Estado mexicano bajo el mandato de Felipe Calderón hace unos diez años ya—, puede ser un shock para quien llega de afuera. Significa aprender a convivir en medio de una inseguridad que no acecha permanentemente, pero por ello es traicionera, en una guerra no declarada y encubierta. Que continúa con insistencia desde que encontraron muerto a Armando Rodríguez, del diario “La Jornada”, allá por 2008, a lo que le siguieron las desapariciones de cuatro colegas de la televisión “Televisa” y el diario “Milenio”, en 2010. Y aún antes.

Han escrito los periodistas Pedro Vaca Villarreal y Emmanuel Vargas Penagos que “no hay una atmósfera más silenciosa que los segundos que siguen al disparo de un sicario. Después viene un ruido intenso: las ambulancias, la policía, la prensa, los comunicados, la rabia, el perfil, la columna, el pronunciamiento de la CIDH y la ONU y, claramente, no pueden faltar las declaraciones trasnochadas del Gobierno mexicano. Este ruido es importante, en ocasiones esperanzador (no en el caso de Peña Nieto), pero caduca al poco tiempo y vuelve el silencio”.

 

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Editorial

A iniciativa del gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, la Legislatura provincial ha aprobado una ley que declara al transporte urbano de pasajeros como un “servicio esencial”, junto con la provisión de agua potable y de energía eléctrica. Al respecto, debe subrayarse el explícito apoyo del intendente de Córdoba, Ramón Javier Mestre.

El trámite legislativo fue expeditivo. El proyecto del titular del Poder Ejecutivo Provincial fue tratado sobre tablas. No hubo debate en comisión. Sin embargo, tuvo un amplio apoyo legislativo. Además de los votos de los legisladores de Unión por Córdoba, se sumaron los legisladores de Cambiemos, es decir, del Pro, de la Unión Cívica Radical y del juecismo.

Los legisladores de origen gremial se opusieron, por supuesto. Sus argumentos -tanto gremiales como jurídicos- no son menores. Según los representantes sindicales, esta ley reglamenta el derecho de huelga y, por consiguiente, la Legislatura provincial no tiene competencias para hacerlo. El tema deberá ser resuelto por el Poder Judicial.

Evidentemente, esta ley provincial es una consecuencia directa e inmediata del paro del transporte urbano de pasajeros que un grupo de delegados y choferes de la Uta (Unión Tranviarios Automotor) declaró y ejecutó durante 10 días. Los gobiernos de la Municipalidad, de la Provincia y de la Nación actuaron con una llamativa inoperancia.

Ahora, sin distinción partidaria, todos tratan de lavar sus culpas con una ley que muy difícilmente logre evitar futuros conflictos como los vividos y sufridos días pasados en la capital cordobesa. El problema de fondo no es la falta de ordenanzas o de leyes provinciales o nacionales. El problema es la inoperancia para hacerlas cumplir en tiempo y forma.

No hacen falta muchos argumentos para convencer a los cordobeses de lo esencial que es el transporte para trasladarse a sus trabajos y a sus hogares, a las escuelas u hospitales. Los vecinos y, especialmente, los usuarios lo saben porque lo sufren. Son ellos quienes esperan y, a veces, desesperan, aguantando un servicio que no va ni viene.

Esos sufridos usuarios no hacen distinciones constitucionales sobre las competencias de los niveles gubernamentales en el marco del Estado federal que, según nuestra Constitución Nacional, rige en la República Argentina. Ellos quieren que el transporte funcione. Mejor o peor pero que funcione. Es su derecho. 

Los gobiernos –de la Nación, la Provincia y la Municipalidad- tienen la obligación de garantizar ese derecho. En la vida real y no en la letra muerta de más normas jurídicas. La nueva ley dice que los gremios deberán avisar antes de parar y que se deberán prestar servicios mínimos, entre otros aspectos. El desafío de los gobernantes de turno es hacerla cumplir.   

 

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Carta de lectores

Sr. Director:

Al escuchar al Jefe de Gabinete afirmar ante el Congreso de la Nación que “mucha gente” quiere que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, sentí verdadero espanto. Porque inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué razón habría de querer mucha gente tal cosa? Las personas sanas de sentimientos no andan desando porque sí que a alguien se le prive de algo tan precioso como es la libertad. Para que un sentimiento semejante se despierte es preciso que la gente esté convencida, con absoluta seguridad y sin margen para dudas, de que ha cometido delitos de suma gravedad.

Por el contrario, si esa necesaria certeza falta, la gente de sentimientos equilibrados y sanas convicciones, cuando sólo abriga sospechas de un delito, lo que demanda y desea es que los jueces lo investiguen y juzguen, porque ése es el resorte con que cuenta una sociedad emocionalmente civilizada para satisfacer su necesidad de orden y justicia.

Dicho esto, volvamos sobre las palabras del ministro: ¿Es posible que en el estado actual de la información de que dispone el público, un conjunto relevante de la sociedad tenga la certeza de que la ex presidenta ha cometido delitos? La respuesta negativa no puede sino ser rotunda, porque hasta el momento la opinión pública no dispone de una sola información concreta y veraz proveniente de la única fuente que puede proporcionarla, que es la autoridad judicial.

Por lo tanto, que la “gente”, en esas condiciones, clame por la prisión de un semejante puede explicarse únicamente porque alguien logró estafarla llevándola a tomar como certeza lo que no es (sino en el mejor de los casos) un conjunto de supuestas sospechas disfrazadas de verdad de cuño. Por cierto, para lograrlo fue menester anular la razón, el juicio crítico, el sentido de justicia, la necesidad que toda persona de sentimientos nobles tiene de estar seguro antes de condenar. El método empleado para conseguirlo fue la estrategia perversa de denostar al personaje como persona, mintiendo, difamándolo en todos los órdenes de su vida hasta lograr que (más allá de toda consideración política) sea vivido como un ser detestable. En suma, hasta lograr que sea odiado.

Una vez que el odio invadió el alma de esa porción de la sociedad, la razón quedo excluida, y por esa vía, reemplazada la necesidad de justicia por la de ver destruido al ser odiado. En definitiva, la ley de Linch. Por eso es terrible el dicho del ministro; porque cuando se ha referido a que “la gente” quiere presa a la expresidenta, está mentando a un conjunto de personas perturbadas por el odio.

Y aquí viene lo del espanto: produce espanto que un exponente indiscutido del Gobierno, en vez de desalentar esas perniciosas posiciones, las empodere al utilizarlas como argumento político, proponiendo al odio como valor motivante de la vida en sociedad.

Ricardo Manuel Figueroa

 

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