21
Dom, Enero 2018 03:45 PM

Noticias de opinión

Nueva ley de Responsabilidad Fiscal, por José María Las Heras (especial para HDC)

En abundancia contamos con leyes de responsabilidad fiscal que no respetamos

La responsabilidad fiscal es una norma permanente que permite ejecutar políticas de gobierno sin perder sustentabilidad fiscal. Es decir, una política de Estado.

En trece años –1992 a 2005– se aprobaron muchas leyes de responsabilidad fiscal. En 1992 se sancionó la ley 24.156 de administración financiera, para enfrentar la crisis fiscal devenida de los años ´80. No comprometer sin contar con recursos efectivos, no ejecutar el presupuesto modificándolo a capricho, contar con disponibilidades para afrontar la deuda flotante y no endeudarse para gastos corrientes fueron sus anclas más sólidas. E incumplidas, como para hundirnos, en plena vigencia de políticas liberales.

Pasaron pocos años, y en 1998 –agotados los recursos de las privatizaciones y el endeudamiento– se sancionó otra ley que, a pesar de su número capicúa, 25.152, no tuvo mayor suerte. Con cuentas públicas deficitarias se proyectó reducirlas en cinco años. No sirvió y a sólo tres años, en 2001, con la convertibilidad moribunda y el retorno de Domingo Felipe Cavallo, se sancionó la ley 25.453. 

Obligó a privilegiar el pago de los servicios de la deuda. Se le sumó una rebaja en los sueldos de los estatales, reparando por lo más fácil el desmadre del déficit. Poco duró: la convertibilidad murió y el drama social se enmaridó con una crisis fiscal sin registro histórico. 

En 2003, el país se recompuso negociando su deuda. Y para arreglar nuestras cuitas fiscales se sancionó en 2005 la ley 25.917, de Responsabilidad Fiscal Federal. 

Las provincias, híper endeudadas (y muchas emisoras de “cuasi monedas”) fueron “persuadidas” a adherirse. Según el ortodoxo economista José Luis Espert –preocupado por el elevado endeudamiento actual- en los últimos 30 años, sólo en cuatro de ellos el país gastó menos de lo que recaudó. Lo hizo en la presidencia de Néstor Kirchner, al amparo de esta norma y el esquema de superávit mellizos.

La norma se debilitó, prohijada por un pacto de “incumplimiento” tácito del gobierno nacional y buena parte de las provincias. Vino además, como anillo al dedo para los justificativos, la crisis financiera internacional del 2009 –hipotecas “sub prime”- regulándose con la ley 26.530, excepciones “transitorias” que a casi 10 años se replican automática y espuriamente.

El pasado 15 de septiembre, la Administración Macri, con acuerdo de todas las provincias, presentó al Congreso un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, que regirá a partir del 2018. 

Disminuir el déficit fiscal –con porcentajes decrecientes en varios años- es el compromiso “duro” entre Nación y provincias. Para ello, se congela el gasto público y se limita el incremento del empleo al aumento de la población. En caso de superávit, deberá destinarse a erogaciones de capital, y una clausula “fin de mandato” evitará comprometer gastos a soportar por quien le suceda. 

El proyecto fue ratificado en el Pacto Fiscal, firmado este 17 de noviembre. La norma “induce” a adherirse a municipios y comunas, que, como para las provincias, es condición para obtener garantías para endeudarse, recibir avales y transferencias no automáticas (las que no son de coparticipación).

Es desafío es quién controlará que la ley se cumpla. El Estado, hoy, no puede controlarla por sí solo. Se necesita jerarquizar la participación de expertos con independencia de juicio, como sucede en Chile, al momento de proyectar el balance fiscal estructural. Expertos, que los hay en universidades e instituciones prestigiosas. De sus resultados podemos ir por más con la firma de un necesario Acuerdo Económico y Social, basado en sólidas finanzas y no en quimeras.

 

0
0
0
s2sdefault