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Acusación a la ex Presidenta, por Alejandro Zeverin (especial para HDC)

Conceptualizar este tema parece apabullante, porque hablar de “Traición a la Patria” es tratar de explicar dos tomas de posiciones absolutamente extremas y contradictorias. Puede significar la falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad debida. Engaño, ardid, trampa, intriga, fraude, infidelidad, deslealtad, perfidia, felonía, alevosía, prodición, vileza y otras instrumentaciones, son los medios para cometer el delito; pero la traición a la patria supone algo más, un plus de fealdad ética de quien la comete, porque resulta la infidelidad consiente al país, el lugar en el que se ha nacido o al que se pertenece por vínculos históricos o jurídicos, el lugar o comunidad con la que una persona se siente vinculada o identificada por razones afectivas.

La “traición a la patria” se emparenta con el deber ético de los ciudadanos, porque importa un comportamiento que puede ser malo o bueno, moral o lo contrario, un juicio sobre si alguien ha violado el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Entonces lo que nos interesa es saber en qué consiste el delito de traición a la patria, tal cual hoy se discute y se adjudica a la ex presidenta Cristina Fernández, a ex funcionarios de su Gobierno, y otros allegados relacionados entre sí, inclusive un espía.  

La Constitución Nacional se refiere a quienes han de considerarse traidores a la patria, en su art. 29 y los califica de “infames traidores a la patria quienes formulen, consientan o firmen facultades extraordinarias, la suma del poder público o supremacías a ningún gobierno; sobre la vida, el patrimonio o el honor de los argentinos”, en su art. 119 define que “la traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito…”, delegando en el Código Penal la represión del mismo.

El Código Penal, al que la Constitución Nacional delega en la ley especial su tipificación, lo trata desde los arts. 214 al 218, con una sanción penal mayor que va de reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, y siempre que no se agrave el hecho por otras disposiciones”. Atrapa a argentinos como extranjeros que “deban obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro”.

Vale analizar si en el caso de acusación de traición a la patria con dictado de procesamientos y prisiones preventivas en contra de la ex presidenta Fernandez, ex secretario legal Zannini, ex canciller Timerman, militante de base D'Elía y  espía Khalil (a) "Yussuf”, y sin prisiones preventivas en el caso de ex jefe de la Side Parrilli y su segundo, Mena, diputado Larroque y funcionaria Abonna, entre los trascendentes, por parte del juez Claudio Bonadio, ha resultado ajustado a derecho, primero en la adecuación del hecho (implementación y suscripción del Pacto con Irán) con la norma legal penal aplicada, en segundo término, la razonabilidad de las prisiones preventivas ordenadas.

Resulta falso que es inaplicable la norma penal si no existía un estado de guerra al momento de la implementación y suscripción del Pacto con la  República Islámica de Irán, que también no se configure el delito porque el referido Pacto no fue ratificado ni tuvo vigencia, también que el objeto procesal sólo pueda alcanzar, a lo sumo, un encubrimiento. Tampoco que los actos de gobierno no sean judiciables, porque tanto la Constitución Nacional como el Código Penal, además de estado de beligerancia en la manda constitucional como en el tipo legal, también incluye que la contraparte sea enemigo, y no necesariamente entre enemigos hay estado de guerra, declarado o no (enemigo está definido como el “que se opone a alguien o algo, o es contrario a ellos”; entonces, si Irán fue el responsable del atentado a la Amia, sin dudas resultó un acto de hostilidad de un gobierno hacia la República Argentina, lo de enemigo no puede ser descartado). Y sobre si actos de gobierno pueden o no ser judiciables, la Corte ya se expidió en similares, así declarándolos (lesa humanidad del gobierno de facto; venta de armas a Croacia; represión en Plaza de Mayo; corrupción en el Senado de la Nación por reforma laboral; etc.)

Sobre la legalidad, razonabilidad y oportunidad del dictado de las prisiones preventivas, siempre y cuando la prueba reunida haya dado el marco de probabilidad de que el hecho penal relevante existió y que los involucrados en él participaron, viene acá la verdadera discusión, porque hasta el más desprevenido advierte que ya desde el año 2013 tanto el juez Bonadio, como los demás jueces federales y  fiscales, conocían de ese Pacto, el periodista Pepe Eliaschev reveló toda la trama en el diario Perfil en 2011. De D'Elía y del espía Khalil (a) “Yussuf” podría sospecharse que podrían profugarse e inclusive obstruir la justicia, razonable al fin; pero no de la ex presidenta Fernandez -hoy senadora nacional-, ni del ex secretario legal Zannini –Presidente de un banco provincial-, ni del ex canciller Timerman –postrado por enfermedad incurable citado en forma personal a indagatoria, vejatoria y violatoria de derechos humanos que las personas tienen, se lo vio por televisión ayudado para caminar- porque sencillamente la causa se convirtió sustancialmente de análisis de prueba instrumental, y todos los documentos importantes ya han sido secuestrados por la Justicia.

Todos los argentinos tenemos el mismo derecho que nuestro proceso en caso de tramitarse, lo sean dentro del marco del debido proceso y con respeto a la defensa en juicio –arts. 18 y 75 inc. 22 C.N

La resolución con el aditamento del dictado de prisión preventiva por lo menos en los casos apuntados, de las llamadas por los penalistas “balconeras” de un juez que, además, se sabe se jubila el 1 de enero del 2018, y que podría dudarse si al tener jubilación concedida podría dictar medidas de esta naturaleza. Y que por su impacto mediático sacó, sospechosamente, del primer plano de la escena periodística nacional e internacional la tragedia irresoluta hoy del submarino ARA San Juan. 

 

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