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Lun, Enero 2018 07:07 PM

Noticias de opinión

Economía nacional, por Salvador Treber (especial para HDC)

Los bancos de capital privado, según sea su dimensión y capacidad para captar depósitos, regulan y seleccionan la asignación crediticia, no sólo con el objeto de disminuir el riesgo operativo sino, muy especialmente, en función de otras consideraciones, como pueden ser el grado de relación económico-financiera cuando integran un grupo determinado, sea éste nacional o internacional.

En Argentina, hasta la década de los años setenta (siglo XX) el mayor número de ellos tenían carácter regional o hasta local y sólo algunas pocas funciones de coordinación se realizaban en las sedes del Banco Nación, como era el caso del clearing o intercambio de valores hasta la creación del Banco Central, en 1935. Sobre su carácter, en ese momento la Corte Suprema de Justicia, en un muy comentado fallo, lo definió como “un empresa mixta sui géneris”; pero a través de la reforma del año 1946 se dio por finalizada esa modalidad y la convirtieron en una entidad “exclusivamente oficial” y a cargo de la emisión de moneda.

Se pueden definir varios períodos en que le asignaron muy diferentes funciones. A la par del mismo, en el ámbito federal, los bancos Hipotecario e Industrial (después denominado “de Desarrollo”) se concentraron el primero, en atender la demanda de crédito para construcción o compra de vivienda propia y el segundo, en impulsar las diversas especialidades del sector manufacturero en la convicción que esa actividad era “clave” para dar sólido sustento a toda política de desarrollo.

A su vez, las provincias decidieron crear en sus respectivas capitales, sendos bancos que adquirieron muy diversa relevancia; destacándose el de la Provincia de Buenos Aires que llegó a ser la segunda institución crediticia del país incluyendo en la comparación a todos los bancos del sistema que para fines de agosto del año estaba compuesto por 111 entidades.

La participación era notoriamente encabezada por los bancos oficiales que concentraban el 52,14 por ciento del total general de depósitos de todo el sistema mediante 29 entidades (una nacional con el 21,49%; 24 provinciales, 28,21% y 4 municipales, 2,44%). A su vez, los bancos de capital privado, que receptaban el 47,86% restante, eran 82 y se distinguían entre los con sede en la Capital Federal que a través de 13 entidades captaban el 19,43% de los depósitos; mientras otros 51 localizados en el Interior hacían lo propio en un 12,89% y los de capital extranjero, que eran 18, con el restante 15,54%.

De acuerdo a la localización de las respectivas sedes centrales el 48,1% de los saldos de depósitos estaban localizados en la Capital Federal, 23,4% en la Provincia de Buenos Aires y 28,5% en el resto del país. Esa conformación posteriormente se fue modificando, muy especialmente en el período 1976/83, en que fueron obligados a cesar 21 de los provinciales y dejaron de operar los bancos nacionales Hipotecario y de Desarrollo. En el campo privado hubo múltiples cambios pues hubo varias bajas dentro del país y a su vez otros se instalaron; aunque en cuanto al número total se redujeron notoriamente.

La información más reciente

La operatoria en los últimos años ha modificado sensiblemente su esquema y ello se advierte con claridad si se considera quiénes eran los que atendían a los diez mayores deudores del sistema a fines de diciembre de 2015 y las variaciones en ese sentido que ha habido hasta fines de marzo de 2017. Para la primera fecha, siete eran empresas públicas nacionales y apenas tres de capital privado.

De las primeras, cinco exhibían como máximo exclusivo respaldo financiero al Banco de la Nación; mientras YPF operaba en crédito con 13 entidades, cubriendo el 25,18% de sus requerimientos totales. En la fecha más reciente, llama mucho la atención que de los diez mayores deudores sólo sigan siendo empresas públicas y surjan en esa condición ocho de capital privado; marcando así un cambio sustancial.

A fines de 2015, el saldo de los créditos bancarios otorgados a la referida decena de más grandes empresas totalizaban 65.6 miles de millones de pesos, de los cuales el 87,8% correspondieron a las siete empresas públicas y sólo 12,2% a las tres privadas. Quince meses después dicha relación se ha trocado en forma muy manifiesta pues, además de reducirse el total prestado a 54.7 miles de millones de pesos (-16,6 %), apenas 17.6 miles de millones de pesos deben las dos empresas públicas y 33.1 miles de millones de pesos las ocho privadas que han escalado incluso por encima de las anteriores tres.

Otra diferencia muy notoria es el retroceso como proveedor de crédito por parte del Banco Nación; además de las dos empresas públicas sólo ha atendido preferentemente a una de las ocho privadas en un 51,42% de sus requerimientos. También se advierte que ahora el Banco Nación ha reducido su provisión de crédito a YPF a sólo un 39,11% y, por tanto, ésta ha tenido que acudir a 22 entidades crediticias privadas para cubrir esa merma.

Como no hubo otras causas, debe admitirse que ello es consecuencia directa de una modificación impulsada y de puesta en marcha en función de un muy diverso enfoque de la política crediticia por parte del Banco Central cumpliendo directivas expresas delineadas por su nueva conducción que se hizo cargo desde diciembre de 2015 en adelante.

Planes para un futuro inmediato

En este contexto, se ha vuelto a ratificar el apoyo financiero para el caso de las restantes siete grandes empresas privadas que han pasado a figurar dentro de la decena de máximos deudores, pues son cinco bancos también privados los que se desempeñan como tales en esa función. Las diferencias referidas son tan importantes que no pueden adjudicarse sino a un radical cambio en el manejo de la política crediticia que dirige con “mano de hierro” el Banco Central.

La entidad arguye que debe ser así, pese a que la Carta Orgánica del Banco Nación especifica que su objetivo “primordial” debe ser asistir financieramente a las pymes y a las diversas áreas productivas (agropecuaria, minería, industrias, comercio por mayor y menor). Pero también fija límites a ese servicio que, en ningún caso, podrá asumir mayor importe que el equivalente al 50 por ciento del respectivo pasivo.

No obstante, se prevé que el directorio del banco estatal tenga la facultad de considerar la concesión de ciertas excepciones que, en todos los casos, para que rijan como tales deberán ser avaladas por el asentimiento expreso “de dos calificadoras de primera línea”.

 

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