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Judiciales, por Alejandro Zeverin (especial para HDC)

Nuestro sistema de justicia penal no logra adquirir personalidad, transita en una mixtura filosófica que se traduce no sólo en los códigos procesales de provincias que adoptaron el sistema acusatorio, sino también en la hibridez que se replica en el nacional, apuntando a un modelo anglosajón que no lo fue. Lo concreto: el resultado no convence por ineficiente, que se refleja en la poca consideración que la gente tiene de la justicia, un laberinto en que los operadores del sistema también se encuentran atrapados, abogados, jueces y fiscales no encuentran la salida, la respuesta legislativa no llega y lo que produce no sirve para tener un poder judicial que cumpla con la manda constitucional de asegurar la administración de justicia.

El sistema requiere una reforma revolucionaria a la que no hay que temer, si la intención es definidamente republicana, y que sólo puede ser mirada con antipatía por quienes perderán en algunos casos privilegios, otros protección. La gente comprende lo elemental del sistema, que no es poco, que el Ejecutivo administra, que el Legislativo hace las leyes y que el Judicial en un marco de simpleza y claridad debe controlar a los demás poderes del Estado y a la población, para que interactúe dentro de la legalidad. Pero la administración de justicia transcurre en su devenir con la exclusión de la participación popular y nadie quiere discutir el quid del problema, que radica en el autismo del sistema judicial en relación con el pueblo, que desde la sombra lo acosa en forma permanente traducido en la baja estima que manifiesta por aquel, un síndrome sólo tratable con la incorporación popular al sistema. La incorporación es inclusión de la gente en las decisiones de la justicia, o sea poder dictar justicia, porque aunque redundante el servicio de justicia siempre la afecta, que es quien la sostiene y la requiere, en lenguaje sencillo que pares juzguen a pares.

Nuestro código procesal penal -ley 8.123-, por cierto deficitario en relación a la justicia que la gente quiere, con las sucesivas reformas fue empeorando. Por ejemplo con la introducida por ley 9.182 que instaló el Juicio por Jurados, tan bien vendida por la política y absolutamente ineficaz, otras posteriores, por ejemplo la Suspensión de Juicio a Prueba -últimamente modificado por ley 10.457-, y para rematar desde otra óptica el que nos brinda la selección de Magistrados y Funcionarios Judiciales a través del Consejo de la Magistratura -ley 8.802- y el régimen de destitución, Ley de Jury, 7.956 y su modificaciones.

Los jurados populares integran los juicios en donde se juzgan hechos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa, homicidios agravados, contra la integridad sexual con resultado de muerte, secuestros extorsivos, torturas y otros, resultando inexplicable por extraño que la propia ley excluya de su composición, a los; abogados, escribanos y procuradores matriculados, integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, ministros de los cultos reconocidos, miembros de los Tribunales de Cuentas de la Provincia y Municipales y otros, contradictoriamente la propia ley establece que los jurados han de ser una muestra justa y representativa de la población. Así los jurados no son soberanos, porque los jueces del tribunal también lo integran y hasta definen el veredicto si hay empate de votos. Entonces con autoridad se afirma que aquella extraña exclusión de personas por su oficio sólo obedece a un exceso de poder dado por ley a los jueces para influir en la decisión final del jurado. Los jueces, en la deliberación, aconsejan, objetan, indican; en suma, influyen en la decisión final, ejemplo de una mentira de participación popular y las supuestas incompatibilidades dictadas por ley para integrar un jurado apuntan sin dudas a restarle más cultura al núcleo de personas que actúa como jurado, para así hacerlo más maleable. A nivel nacional será igual cuando se implemente.

En la suspensión del juicio a prueba, -art. 360 bis y conc. CPP, la víctima o querellante que ha sido parte en el proceso –art. 94 CPP- “Facultades. El querellante particular podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado en la forma que dispone este Código…”, contradictoriamente ya no existe, no define, no resulta vinculante su opinión, la del Fiscal sí, y con desparpajo manda a la víctima en caso de disconformidad a litigar por sus derechos a la justicia civil, un mal chiste, por cierto, pero el dislate republicano tiene su base en otro de orden sustancial, ya que el art. 76 del Código Penal abre el camino por la exclusión de la víctima en el proceso de suspensión de juicios, a pesar de la declamaciones legislativas de participación de victimas en esos procesos.

Tampoco a la víctima se le permite participar en el proceso de libertad condicional, o prisión domiciliaria solicitado por el condenado del delito que lo ofendió ante los juzgados de ejecución penal -Ley 8658-. La discrecionalidad judicial otorgada por leyes resulta inconcebible, calificable como monarquía jurídica inatendible en un sistema democrático, porque los magistrados aparecen como personas con facultades omnímodas, integrales, absolutas, completas, todopoderosas, por ende incontrolables. Tampoco el querellante particular, ese que es el ofendido (art. 7 CPP- y su homólogo nacional –art. 82 CPPN- pueden participar en delitos donde denuncien corrupción y el Estado no está obligado a constituirse como tal, y así estamos.

Véase el caso del régimen de selección de jueces a través del Consejo de la Magistratura, está integrado por 9 miembros titulares y 2 suplentes representado por un miembro del TSJ, el Ministro de Justicia, un Legislador, el Fiscal General de la Provincia, un miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, dos Magistrados o Funcionarios del Poder Judicial -uno de capital y otro del interior-, dos abogados de la matrícula -uno de capital y otro del interior-; como se advierte, no hay ciudadanos en la integración. A nivel nacional el mismo Consejo de la Magistratura, creado por ley 24.937, que en este caso no sólo selecciona también destituye, sanciona, etc., a magistrados “integrado de modo tal de mantener un equilibrio entre los poderes políticos”, demuestra a las claras la falta de participación ciudadana y el origen o causa de la dependencia que se acusa a la justicia de depender del poder político de turno. La cuestión, porque es la norma, se repite en el régimen de destitución y de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial según ley 7.956 de Córdoba. El Jury está integrado según su art. 3, por un Vocal del TSJ y cuatro Legisladores, dos por la mayoría y dos por la minoría, lo que releva de mayores apuntes.

Entonces no es cierto argumentar como cierto que el pueblo participa en las decisiones judiciales, además en la integración de la administración de justicia y control. El ciudadano de a pie, ni es legislador, juez, fiscal, académico u abogado, cierto que indirectamente parece elegirlos pero la cuestión radica en participación directa en la justicia, con su inclusión, esa que la clase política, los académicos del derecho y los colegios de abogados declaman y no defienden.

 

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