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Vie, Abril 2018 03:14 PM

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Opinión, Por Federico Tolchinsky

Aunque -al final- el gobierno boliviano cedió y la cosa no pasó a mayores, vino bien la intensa discusión por las iniciativas jujeña y nacional de cobrarles las facturas de la atención en los hospitales públicos, y de los estudios universitarios, a los extranjeros sin residencia permanente. El debate resultó saludable. (Por ejemplo, algunos nos acordamos que tenemos pendiente visitas a médicos varios. O que todavía no completamos ciertos trámites de reintegro en la prepaga…)

Pero hay razones de peso para valorar positivamente toda esta polémica. Permitió incorporar al debate público información relevante que, hasta acá, muchos parecían ignorar, y que gracias a este asunto salió de la oscuridad. Por ejemplo, que en la Bolivia de Evo Morales, distinguido miembro del “Socialismo del siglo XXI” chavista, ni los servicios médicos ni la educación universitaria corren enteramente por cuenta del Estado. O que el ya bastante maduro gobierno de Evo Morales sobreactúa carácter pero se rinde con facilidad: al constatar que el gobierno argentino iría a fondo con los respectivos aranceles, rápidamente cambió su posición original de no acceder a la reciprocidad.

La sensatez se impuso.  Ahora la gestión de Macri se deja llevar por el envión, y pasa a pedirle a Bolivia cambios en las compras del gas importado a valores de mercado; mayor flexibilidad en las severas condiciones originales. Viendo la letra chica de aquellos contratos, se entiende que el promocionado concepto de Patria Grande, comodín en los discursos de los gobiernos autoproclamados progresistas de la región, no logró salir del  territorio de la ficción.

En otro sentido, esta discusión permitió constatar la menguante adhesión a los discursos xenófobos. Sólo unos pocos actores marginales promovieron mensajes impugnando la inmigración boliviana como tal: un avance significativo. 

En este sentido, es importante remarcar que todos los países vecinos habían recibido la oferta argentina para hacer convenios que establezcan reciprocidad en la atención gratuita de ciudadanos no residentes, tal como lo hace la Argentina. Es decir, no hubo saña oficial con Bolivia o con los inmigrantes de ese origen. El cruce se debió a que solamente la administración de Evo Morales llegó a desestimar (hasta el pasado miércoles) el convite.

Sin embargo, muchas voces mostraron su apuro por repudiar la movida del gobierno macrista. Previsiblemente, dispararon sus reproches todos los actores identificados, con mayor o menor claridad, con el kirchnerismo. Pero también hubo “fuego amigo” y varios dirigentes radicales insinuaron su disconformidad con las iniciativas arancelarias de Cambiemos. Es curioso: hace una década, la propia Universidad Nacional de Córdoba, con la figura estelar del kirchnerismo local, Carolina Scotto, como rectora,  aliada con dirigentes de extracción radical, imponía una tasa a los estudiantes extranjeros provenientes de instituciones sin convenios de reciprocidad. La aprobación de este arancel a los alumnos foráneos (sobre todo bolivianos y peruanos, porque en aquel entonces no había comenzado el aluvión venezolano), se implementó sin mayor polémica.

Está claro que la importancia del  proyectado  arancel sería mínima si la medimos en función de su posible impacto presupuestario. Ni siquiera en La Quiaca los pacientes bolivianos llegarían al 10% del total. O sea, la discusión no es relevante en esos términos. Pero sí resulta esclarecedora. 

Y podría funcionar como un aliciente para avanzar en otras discusiones que en la Argentina son tabú, aunque de mucha mayor trascendencia presupuestaria. Por ejemplo, qué pasos convendría dar para progresar en la búsqueda de mejores prestaciones de salud y educación, y cómo deben financiarse esas prestaciones. Sería muy saludable pasar a esos debates.

 

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