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Mar, Enero 2018 02:37 AM

Noticias de opinión

Opinión, por Andrés Rossetti (Especial para HDC)

“Constitucionalista”, te suelen calificar. ¿Qué significa? Puede decirse que, entre otras funciones, se trata de personas encargadas de descifrar lo que dice la Constitución y explicar la adecuación de las diferentes políticas públicas, leyes, decretos y demás a ella. Lo primero es determinar qué se entiende por Constitución: ¿es sólo el texto -parece intuitivo y se la suele denominar “formal”- o, en cambio, es lo que dicen sobre el mismo quienes tienen la capacidad jurídica e institucional de definirlo (“material”)? 

Los legisladores, el presidente y los jueces son los principales “actores” que definen de hecho qué es “lo constitucional”, más allá de lo que diga la norma. La Constitución -esta o aquella- se supone debe respetar la democracia, la igualdad, la libertad, los derechos humanos, pero a veces, al ser “derecho”, puede servir también para dominar, oprimir, mantener privilegios o el statu quo. Esto pasa seguido.

Así, la recientemente aprobada ley de reforma previsional es claramente “inconstitucional”, porque se opone al texto constitucional en variadas formas. Mi opinión tiene un efecto insignificante, porque se limita a ser la opinión de un simple profesor de derecho constitucional. Lo que cuenta, en cambio, es lo que opinan y deciden los que tienen la capacidad de decidir. Ellos son hoy, formalmente, los legisladores, el presidente y finalmente los jueces. Los legisladores ya se pronunciaron: el Senado le dio media sanción (29 de noviembre); los diputados -luego de una sesión que no se realizó por falta de quórum el jueves 14 de diciembre- aprobaron la ley en una sesión extraordinaria el lunes 18. La votación se hizo a las 07:00 de la mañana del día siguiente, después de una maratónica sesión, y fue avalada por menos de la mitad de los integrantes de la Cámara. Ambas, la frustrada y la que la terminó aprobando, fueron sesiones “escandalosas” por el ritmo que se le imprimió al trámite legislativo, pero principalmente por la violencia y la tensión existente, tanto dentro como fuera del recinto. El presidente fue el impulsor de la ley, e incluso firmó (o estuvo a punto de hacerlo) un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el mismo jueves 14, luego del fracaso de la primera sesión, lo que hubiese comportado una inconstitucionalidad supina. 

Pero quienes definirán, con efectos concretos, la “constitucionalidad” son los jueces. Ellos ejercen el “control de constitucionalidad”. Al sistema de control lo ejerce cualquier juez y vale para el caso concreto. Lo inconstitucional sigue vigente y depende de lo que decida cada juez. Esto genera desigualdad, inseguridad, incertidumbre. Los jueces interpretan la ley y la Constitución, con lo que pueden decidir en base a una buena dosis de arbitrio. Sucede seguido en Argentina. ¿Pueden cambiar lo que dice la Constitución formal? Se supone que no, pero a veces lo hacen y ello depende de muchos factores: de lo que esté en juego, de quiénes sean los jueces, de cuán político sea el tema y de cuánto los jueces dependan o acompañen al poder político cuando de estos temas se trata, entre otros.

La ley aprobada en medio de una fuerte represión a una multitud (diputados y periodistas incluidos) no cuenta con consenso popular y comporta un recorte a los jubilados, entre otros problemas. Esto se da frente a promesas del jefe de Gabinete de ministros y del mismo presidente, de que no se iba a tocar el régimen previsional, pero se tocó. Además, luego de aprobada, el presidente continuó afirmando que no bajarán las jubilaciones. Cuando los gobernantes dicen una cosa y hacen lo contrario la situación es por demás preocupante. 

Ahora empezarán los lógicos reclamos -amparos y otras acciones- frente a los tribunales. Los jueces son los menos indicados para resolver esta controversia política, pero son quienes deben hacerlo. Los argumentos son contundentes: hay una distinción arbitraria entre diferentes tipos de jubilados; se atenta contra el principio de no regresividad y de progresividad de los derechos; habilita la renuncia de un trabajador a los beneficios de la seguridad social cuando llegan a una cierta edad, entre otros defectos de esta ley inconstitucional frente a la constitución formal. Lo que importa, ya lo dije, es lo que digan los jueces cuando los jubilados -los que puedan, porque obviamente la presentación de las acciones cuestan y las decisiones valen para cada caso- reclamen en base al perjuicio sufrido. 

La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de allí la enorme importancia para todos los gobiernos, incluido el actual, de dominar o contar con una Corte que lo acompañe. No parece complicado imaginar cómo resolverá la cuestión la Corte, visto cómo ha fallado en este año en materias variadas en el campo laboral o en el de los derechos humanos, entre otros. En este sentido, el Gobierno, de seguir en su línea el máximo tribunal, puede estar tranquilo. Los jubilados -con los bajísimos montos que perciben, ahora incluso recortados- no.  Esta ha sido una medida desacertada e injusta, máxime frente a otras que desgravan impuestos para los sectores más poderosos. Esto está sucediendo en Argentina y es clave visualizarlo. Lo dicho vale también para Ustedes, señores jueces de la Corte: cabe recordarles que son los “guardianes” de la Constitución, por la que juraron, no del Gobierno.

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