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Mié, Enero 2018 08:05 AM

Noticias de opinión

Delitos sexuales, por Diego Mestre (especial para HDC)

Después de un debate intenso en comisiones, aprobamos y dimos media sanción esta semana en el recinto a un proyecto de mi autoría que propone la creación de un registro para los condenados por delitos sexuales. Para su redacción y fundamentos, tuve en cuenta la experiencia exitosa de diferentes países que están a la vanguardia del derecho comparado en lo que respecta al tema. El registro pretende brindar a la sociedad acceso a la información relacionada con los autores de delitos contra la integridad sexual. Y que esa información esté disponible para quien lo solicite en cualquier comisaría del país. Contendrá la información de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual y que hayan obtenido la libertad, hasta 20 años después de su liberación.

Dentro de los 30 días de recuperada la libertad, el juez competente deberá comunicar al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos del condenado. Este ministerio completará el registro instaurado una vez recibida la información y lo pondrá a disposición de todos los ministerios de Justicia y Seguridad de las Provincias, y de la CABA. Estos últimos pondrán el registro a disposición de cualquier ciudadano que así lo solicite, debiendo informarle si en esa seccional tiene residencia algún condenado. Las estadísticas sobre la violencia sexual en Argentina delatan una situación gravísima. La televisión, repleta de casos de femicidios, sólo muestra la punta del iceberg. Además de los preocupantes números del Ministerio Público Fiscal, la problemática es muy compleja porque el abuso sexual y la violación en la Argentina son delitos de instancia privada. Eso significa que para que se tomen cartas en el asunto, necesita sí o sí la denuncia del damnificado. Lo que nos lleva a inferir que existe una innumerable cantidad de delitos que jamás se denuncian. Esto es lo que se llama una cifra negra criminal. De hecho, nunca podremos conocer el fondo del abismo.

Además, la tasa de reincidencia en delincuencia sexual supera el 90%, sobre todo en casos de violación. Estudios mundiales nos indican que el tratamiento de los delincuentes sexuales no ofrece resultados espectaculares. Junto a la población de delincuentes adictos a las drogas, son los sujetos que menos índice de éxito muestran. La tendencia a la reincidencia se incrementa muchos años después de haber finalizado el tratamiento. Si bien los estudios psicológicos, investigaciones criminalísticas y ensayos sobre la materia no hacen predicciones con respecto al comportamiento del delincuente sexual, podemos afirmar que no existe tratamiento efectivo y que resulta muy alto el nivel de reincidencia una vez que el mismo recupera la libertad.

Han habido demasiados casos en que los jueces de ejecución penal liberaron a los delincuentes de manera equivocada. Esto genera un doble perjuicio: se les hace “la vista gorda” y, lo que es peor, se está condenando a un ciudadano a la violencia sexual o a la muerte. El círculo vicioso continúa con la falta de acción del instituto de “Patronato de Liberados” de nuestro país, ya que existe sólo teóricamente. En otras palabras, el liberado debería ajustarse a ciertos patrones de conducta pero nunca es controlado efectivamente por el Estado. Esto permite que todo termine en un nuevo crimen.

En Canadá existe el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (National Sex Offender Registry en inglés). A diferencia del RENADESE, la información no es de difusión pública. Diferente es el caso de EE.UU. Desde 1996, existe en Nueva Jersey, la llamada “Ley Megan”: el gobierno federal obligaba a los estados a que produjesen legislaciones tendientes a aprobar la difusión de la información personal de los delincuentes sexuales en forma pública. Más tarde entró “Ley Adam Walsh de Protección a la Infancia y Seguri-dad” , que establece la implementación de un registro de delincuentes sexuales de cumplimiento obligatorio por parte de los estados. En el Reino Unido, por su parte, existe el “Registro de Delincuentes Violentos y Sexuales” (ViSOR). En esta base de datos se encuentran todos aquellos delincuentes obligados a ser registrados en la policía mediante la “Ley de Delitos Sexuales”, de 2003.

Fundamentalmente, esta ley de registro que le hemos dado media sanción, el RENADESE, contribuye a dotar a la potencial víctima de una herramienta, a estar en alerta, a través del derecho a conocer la información sobre quien puede resultar peligroso para su integridad sexual. El RENADESE pretende continuar con el espíritu de la Ley 26.879 (Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual). Impulsamos esta ley en el recinto junto al bloque de Cambiemos y las fuerzas políticas porque entendemos la gravedad de la situación que atravesamos en el país ante los agresores sexuales: lobos que muchas veces deambulan con piel de cordero.

* Diputado Nacional 

 

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