Rafael Correa y la punitivización de la política

América Latina, por Gonzalo Fiore (Especial para HDC)

Tras los casos de los ex presidentes Cristina Fernández, y, especialmente Lula da Silva, la mira del partido judicial en América latina se ha fijado en Ecuador y en su ex presidente, Rafael Correa. El ex líder de la “Revolución Ciudadana” se encuentra viviendo en Bruselas tras las elecciones presidenciales donde entregó el poder a Lenin Moreno, hombre de su partido, debido a que la Constitución ecuatoriana no le permitía presentarse para otro mandato. La mujer de Correa es belga, por lo que eligió ese país para residir junto a su familia y emprender sus estudios de posdoctorado.

A pesar de que el actual presidente ecuatoriano ganó las elecciones en mayo de 2017 con Alianza País, la coalición que encabezó Rafael Correa durante sus diez años de mandato, Moreno ya venía haciendo públicas algunas pequeñas diferencias, especialmente en el estilo, con su mentor. Sin embargo, casi inmediatamente tras ganar las elecciones, el presidente decidió romper abiertamente con su antecesor. El 2 de octubre de ese año, su vicepresidente, hombre cercano a Correa, entró en prisión preventiva debido a acusaciones de asociación ilícita a causa de la mega trama de sobornos derivados de la constructora brasileña Oderbrecht, para ser condenado el 13 de diciembre a seis años de prisión efectiva, en lo que podría considerarse un anticipo de lo que buscan con Correa, aunque, en su caso, la trama es bastante más rebuscada y no parece tener que ver con hechos de corrupción.

Hace unos días, Ecuador solicitó a Bélgica la extradición de Rafael Correa a partir de una acusación en su contra de la fiscalía ecuatoriana por “presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro”. En el marco de dicha investigación, el ex presidente debería comparecer cada 15 días en la Corte de Justicia de Quito, pero al estar viviendo en Bélgica, se presentó en el Consulado de Ecuador en Bruselas. A partir de lo que fue interpretado como un incumplimiento de la orden, la Fiscalía elevó un pedido de prisión preventiva, pedido que fue aceptado por la jueza de la causa, quién remitió una orden de captura a Interpol.

Al ex presidente concretamente se lo acusa de haber sido el autor intelectual del secuestro de Fernando Balda en 2012. Balda, quien se encontraba en Colombia y ya había sido acusado por el gobierno ecuatoriano por el delito de injurias, lo que hubiera demandado su detención, asegura que fue secuestrado en Bogotá por agentes de inteligencia para ser llevado a Ecuador, pero que el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos intercedió en su liberación. El hecho fue investigado por las autoridades colombianas, quienes aseguran haber revelado una conexión con el gobierno ecuatoriano a través de Luis Raúl Chicaiza, entonces Director General de Inteligencia.

Cinco personas involucradas en el hecho fueron condenadas, de los cuáles dos eran militares. Chicaiza, quien se encuentra colaborando con la causa, aseguró que habló sólo dos veces con Correa: a principios de 2012 y el día después del secuestro fallido, donde según sus declaraciones, el entonces presidente lo llamó para preguntarle qué había sucedido. Correa negó de manera absoluta la existencia de tales conversaciones, mientras continúa alegando que se trata de una persecución política en su contra por parte del gobierno de su ex aliado, Lenin Moreno, quien pretende reemplazarlo al frente de la jefatura de su partido. Si bien las pruebas parecen indicar que la participación de servicios de inteligencia en el hecho es innegable, otra cuestión muy diferente es probar fehacientemente la supuesta autoría intelectual de Correa.
Lo cierto es que la situación aún se encuentra abierta, y mientras el enfrentamiento político entre el ex mandatario y el actual se recrudece con cruces verbales, la causa avanza. Una de las posibilidades es que Correa solicite asilo, tanto en Bélgica como en España, frente a lo cual el representante diplomático ecuatoriano en ese país ya declaró que ellos tramitarán la extradición mientras que expresó que “veintinueve altos funcionarios del gobierno de Correa están prófugos o en la cárcel”. Mientras que según la mayoría de las encuestas la popularidad de Lenin Moreno desciende en Ecuador al mismo tiempo que ascienden el desempleo y la crisis económica, no parece haber mejor motivo distractor que la trama Correa-Balda.

Durante el gobierno de Rafael Correa, que se extendió por diez años desde 2007 a 2017, se llevaron adelante una serie de transformaciones tanto en el entramado productivo como en la infraestructura del país que, impulsados por un ingreso estable de un alto precio del petróleo –principal producto de exportación de Ecuador-, dieron como resultado una renovación casi total del sistema de salud, los recursos hidroeléctricos, las autopistas y la obra pública, al tiempo que se disminuyó drásticamente la tasa de desigualdad. Según datos oficiales, en 2007 la pobreza registró una tasa de 36,7%, mientras que en 2017, este número se encontraba en 21,5%. Considerando pobre por ingresos a una persona si recibe un ingreso familiar per cápita menor a 84,49 dólares mensuales, y pobre extremo si percibe menos de 47,62 dólares.

Lo que parece estar más que claro es que existe una avanzada del poder judicial en América latina, a partir de que varios gobiernos del denominado “giro a la izquierda” fueron dejando el poder. Esto, en conjunto con el accionar de distintos conglomerados mediáticos, parece tener como fin último, más allá de lograr condenas firmes que castiguen delitos reales basadas en evidencias consistentes, el desprestigio total de figuras políticas que se han enfrentado de manera mayor o menor a dichas corporaciones a la hora de gobernar.

La judicialización de la política, a fin de cuentas, termina siendo útil sólo para llevar adelante “vendettas” personales, o para cobrarse viejas deudas, corriendo así el verdadero eje de la discusión política en lo que aún sigue siendo el continente más desigual del mundo.

21 Septiembre 2018
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