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Dom, Junio 2017 05:06

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Economía nacional, por Salvador Treber (Especial para HDC) Hace 54 años se concretó la última reforma tributaria, desde entonces solo hubo virtuales parches que han frenado la posibilidad de operar como lo que es, un valioso instrumento de política económica

 

Hace 54 años, es decir en 1963, se concretó la última reforma tributaria que para aquél momento constituyó un notable avance. No obstante, desde entonces solo se introdujeron actualizaciones o virtuales “parches”, que pretendían mejorar la recaudación pero le han restado todo grado de unidad conceptual y, obviamente, toda posibilidad de operar como lo que es, un valioso instrumento de política económica para inyectar mayor equidad distributiva global. Los técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), en oportunidad de una reciente visita a nuestro país, insistieron en aconsejar que se perfeccione la legislación que rige en materia tributaria y, muy especialmente, concentrarse en el Impuesto personal a la Renta Neta, al que poco antes se había rebautizado como Impuesto a los Ingresos Netos, sustituyendo la errónea denominación precedente de “Impuesto a las Ganancias”.

Justamente basados en ella, un importante grupo de jerarcas sindicales, que desconocen el tema pero deben afrontarlo debido al elevado nivel de sus remuneraciones, gestionaron en forma reiterativa que se lo eliminara arguyendo equívocamente que “el salario no es ganancia”. En Estados Unidos, los países de Europa Occidental y Central como así también en Japón, el mismo constituye el instrumento más importante aportando a las arcas públicas, como mínimo, el equivalente al 9% del producto bruto interno; aunque en algunos casos esa relación trepa hasta el 12%. Contra los planteos y falsos argumentos referidos es el de mayor eficiencia para proveer una mayor dosis de equidad a la carga tributaria. En nuestro país primero se denominó Impuesto a los Réditos (1932) luego a las Ganancias (1963), curiosamente ambos técnicamente erróneos e inadecuados.

Cabe advertir que en Argentina se trata de un sistema progresivo sobre la renta de las personas físicas y sucesiones indivisas con escalas que según el nivel de renta gravada, van del 9% al 35%; mientras sobre las empresas recae con una única alícuota equivalente a la máxima de la imposición personal. Este criterio es mayoritario por el número de países que lo aplican pero hay 47 países en orbe donde la máxima tasa se eleva al 40% y otros, como es el caso de Canadá, donde las pymes son gravadas sólo en un 15% para promover su afianzamiento en el mercado. Los analistas internacionales, en tono fuertemente crítico, advierten que la aplicación del gravamen a la renta neta en Argentina no logra generar las ventajas reconocidas en función de sus virtudes sobre la actividad general para alcanzar una mejor redistribución pues sólo aporta una quinta parte de los recursos tributarios de jurisdicción nacional.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aporta al erario público alrededor del 30% de los recursos de esa naturaleza y su vigencia también data de la reforma de 1963, pero entonces su tasa general era del 13% y en la actualidad rigen tres, la general del 21%; otra para actividades seleccionadas, del 27% y una promocional, de mucho menor relevancia, del 10,5%. Su instrumentación lo ha convertido en el principal instrumento que, por su tan significativa proporción le quita toda posibilidad redistributiva ya que no establecen diferencias respecto a los contribuyentes por su respectiva capacidad de gasto y/o de ahorro. No obstante, dentro de los impuestos que recaen sobre consumos por gravar una sola etapa es el más racional y menos regresivo. 

 Como en la jurisdicción provincial se ha generalizado el llamado Impuesto a los Ingresos Brutos que provee hasta el 80% de los recursos tributarios propios y grava todas las etapas es notoriamente el más regresivo y existen varios proyectos que pretenden sustituirlo incluso por vía de un suplemento-mochila del IVA que sería mucho más racional pese que como tal es localmente muy resistido. La causa es que la administración federal en esta alternativa torna a sustituir en muy alta proporción la presencia y gestión de los equipos provinciales. Estos circunscribiría su gestión a administrar los impuestos locales de sellos, inmobiliario (rural y urbano) y otros aún menores como el que recae sobre la propiedad automotriz. Es obvio que un enfoque como éste haría políticamente mucho más dependientes a dichas jurisdicciones del poder central; transformando de hecho en unitario al jaqueado esquema federal previsto como esencia el régimen constitucional vigente.

Tampoco se ha instrumentado en nuestro país, por lo menos  en la forma más adecuada, el régimen de intercambio de información que promueve el Centro Internacional de Política y Administración Fiscal que ha comenzado a implementar el intercambio de información financiera, bancaria y sobre la propiedad, adquisiciones y/o usufructo de bienes que, en forma automática ya ha asociado a 40 países y anuncian que para 2018 ampliarán en alta medida el espectro, llegando con esa tarea a 100 países por lo menos. Se ha determinado además que en América latina y el Caribe el impuesto a la renta neta lo pagan sólo el 22% de los potenciales contribuyentes mientras que en los países miembros de la Ocde esa proporción se eleva, como promedio, al 36%. Lo realmente sugerente es que en nuestra área el décimo de titulares más ricos aportan apenas el equivalente al 6% de sus respectivos ingresos.

El vocero oficial de la organización técnica internacional especializada enfatizó sobre el menester de que se comprenda que “los países no pueden atacar la evasión sólo con reglas nacionales, tienen que cooperar entre ellos, porque los evasores no conocen las fronteras y por tanto, tienen que cooperar para controlarlos exitosamente y eso se hace a través de convenios para intercambio de información” Se destaca que en Estados Unidos la recaudación en materia de impuesto a la renta neta le proporcionan el 72,5% de los recursos tributarios de jurisdicción nacional y cada uno de los 50 Estados locales tienen amplias facultades de imposición. En los países de la Unión Europea esa proporción asciende al 57,3%; con lo queda muy en evidencia que en nuestro país no se administra con un nivel aceptable de eficiencia. Las aciagas circunstancias que se viven en este continente desde medidos de 2008 hacen más meritoria la acción que vienen desarrollando al efecto.

A los efectos de encarar la reforma tributaria de 1963 se constituyó una comisión especial en que figuraban los más notables docentes universitario en la especialidad de ese momento. Tal procedimiento podría volver a ser adoptado pues la elaboración de un sistema coherente y homogéneo que abarque a las tres jurisdicciones en forma racional y complementaria constituiría un aporte de alto valor estratégico.

 

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