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Jue, Diciembre 2017 01:18 AM

Política

Macri ratificó desde Entre Ríos que no llamará a una paritaria nacional docente

La escuela itinerante instalada frente al Congreso continúa convocando a miles de personas que apoyan el reclamo de llamar a una paritaria nacional docente. Las numerosas actividades que se llevaron adelante desde que se emplazó la instalación el pasado 11 de abril atrajeron incluso a personalidades de la cultura y dirigentes políticos. 

Durante la jornada de ayer, entre otras actividades, se transmitió el programa “Punto de encuentro”, conducido por Alejandro Apo, quien manifestó que “me da mucha emoción estar aquí, con los docentes y con una lucha que enseña, que resiste y que sueña”. Además, agradeció a quienes defienden “con sus voces y en sus corazones la escuela pública desde donde pueden”.

Entre los docentes que compartieron micrófono con Apo estuvo el titular de Suteba, Roberto Baradel, quien ante la falta de respuestas del gobierno nacional sostuvo que “nosotros tenemos una ventaja frente a ellos” porque “no tenemos precio y tenemos dignidad”. “El presidente Mauricio Macri planteó que le gustaría vernos a todos alrededor de la mesa con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y respondimos que estábamos de acuerdo, pero eso nunca ocurrió”, advirtió. Por la tarde, en tanto, hubo diversas mesas de debate y los periodistas Mario Wainfeld y Gisella Marziotta participaron de un panel que analizó la situación nacional.

Macri, por su parte, ratificó desde Entre Ríos que no convocará a una paritaria nacional docente y argumentó que “habiendo establecido un mínimo, cada gobernador tiene que encargarse porque se trata de empleado estatales provinciales”. “Necesitamos una mesa de trabajo, eso es a lo que tiene que convocar el gobierno nacional”, sostuvo, al tiempo que consideró que “es obvio que tenemos un problema de calidad en la educación argentina”.

En este contexto y mediante un decreto, el Gobierno volvió a prorrogar la eximición del pago de contribuciones patronales para colegios privados hasta el 31 de diciembre, bajo el argumento de que los aportes que gravan a quienes brindan servicios educativos tienen un efecto recesivo en las jurisdicciones.

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