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Sáb, Marzo 2017 16:03

Política
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Correo Argentino criticó el dictamen de la funcionaria pública Boquín y apuntó al kirchnerismo por la estatización de la firma de la familia Macri 

El gobierno nacional salió a enfrentar ayer, en tándem con el Grupo Macri, el escándalo por el acuerdo sellado con la empresa Correo Argentino S.A. para saldar una millonaria deuda con una quita de más del 98%, y apuntó directamente a los fiscales que denunciaron el caso (Gabriela Boquín y Juan Pedro Zoni) y a la oposición por la polémica generada. A la vez, logró frenar en la Cámara de Diputados una interpelación al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, solicitada por todo el arco disidente. También redobló la presión sobre la Auditoría General de la Nación (AGN) para que intervenga en el conflicto y realice un análisis técnico del acuerdo, a pesar de que su titular había rechazado el pedido del Gobierno. 

 “Es una barbaridad lo que ha hecho el fiscal” Zoni, aseguró Aguad al rechazar la imputación en su contra y del presidente Macri por el acuerdo con el Correo Argentino, y acusó a la oposición de “montar un show” y “usarlo políticamente” en un año electoral. “Denuncia al Presidente, no a Juan Pérez, merecía una mínima investigación. La denuncia es falsa y el fiscal debió rechazar la denuncia y hacer una investigación que duraba 24 horas. Un fiscal no puede obviar que la denuncia es contra el Presidente de la Nación”, planteó Aguad, quien afirmó que “a la oposición, al peronismo, no le interesa saber si hubo corrupción. Sólo quieren hacerle creer a la sociedad que somos iguales que ellos”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el diputado Pablo Tonelli (Pro) salieron a su vez a pegarle directamente a la fiscal Boquín, quien originalmente pidió rechazar el convenio por considerarlo “abusivo”, y la acusaron de no reunir “las aptitudes para el cargo”. El conflicto surgió “por una disidencia de la fiscal, que no va a la audiencia donde van las partes, aunque “su deber era ir; y seis meses después saca un informe crítico con argumentos que no compartimos y que son muy poco sostenibles”, consideró Peña, mientras que Tonelli aseveró que Boquín "dice cualquier cosa en su dictamen, si nos vamos a basar en lo que dice estamos mal. No reúne las aptitudes necesarias para el cargo”. 

La propia Correo Argentino S.A. emitió un comunicado donde cuestionó severamente el dictamen de Boquín por la “exorbitancia de las inexactitudes” que contiene, “el llamativo y espurio manejo de las cifras y la liviandad con que se han expuesto conclusiones erróneas”. La fiscal “no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna, y que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos”, señaló el titular de la firma de la familia Macri a través de Socma S.A., Jaime Cibils Robirosa, en una presentación que hizo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Sin embargo, Boquín salió a desmentir las acusaciones al aclarar, en un escueto comunicado, que “jamás fui convocada a dicha audiencia, donde los únicos citados a participar fueron la concursada (Correo Argentino), el Estado Nacional y las sindicaturas”. 

Simultáneamente, el oficialismo logró frenar en la cámara baja un pedido de interpelación de Macri, Aguad y Peña impulsado por el Frente de Izquierda pero respaldado por el resto de la oposición, que sin embargo no logró el respaldo de los tres cuartos de los presentes que se necesitaba. Además, Cambiemos anunció que impulsará un pedido en la Comisión Bicameral Mixta Revisadora de Cuentas para que la Auditoría General audite el acuerdo, ya que se trata del único organismo con facultad para realizar dicha solicitud.

 

Denuncian a Alonso por “encubrir” el acuerdo con Correo

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) informó ayer que amplió la denuncia penal por el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Correo Argentino, incorporando a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por haber sido “una encubridora más”. Así lo indicó el legislador Rodolfo Tailhade, quien agregó que “además de encubridora de corruptos” la funcionaria “ha conseguido que la OA, que era una dependencia del Ministerio de Justicia y que no tenía secretaría de Estado, lo haya adquirido a partir de su designación”. Según trascendió, Alonso tuvo un encuentro oficial con el presidente del Correo Argentino, Jorge Irigoin, tres días antes de que la empresa de los Macri presentara su propuesta de condonar 70.000 millones de pesos, por lo que se estima que la funcionaria ya sabía sobre el futuro acuerdo. También participaron de la reunión el director de Correo, Carlos Felpeto, y el subdirector de investigaciones de la OA, José Ipohorski Lenkiewicz.

 

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