Política

La medida fue solicitada en la causa por lavado de dinero contra el empresario K 

El juez federal Sebastián Casanello ordenó una medida que puede resultar clave para determinar las relaciones entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero. El juez pidió determinar si el empresario entró a la Residencia Presidencial de Olivos entre 2010 y 2013 y requirió a la Secretaría General de la Presidencia un informe sobre las líneas telefónicas fijas y de celulares que tuvo asignadas la ex mandataria para realizar un entrecruzamiento de llamados con los teléfonos y celulares de Báez. 

Casanello ordenó estas medidas de prueba a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), pero al mismo tiempo rechazó por “inadmisibles” y no envió a la Cámara Federal las apelaciones anunciadas por la UIF y de la Oficina Anticorrupción (OA) a su decisión del 15 de diciembre pasado de rechazar, por falta de pruebas, la citación como imputada de la ex presidenta en la  causa que le sigue a Báez.  

Ambos organismos reclaman la citación a declaración indagatoria de la actual senadora en la investigación de la llamada “ruta del dinero K”, vinculada al blanqueo ilegal del dinero que las empresas de Báez supuestamente obtuvieron por la asignación de obra pública en su Gobierno. Si bien el juez rechazó por “inadmisibles” los pedidos de citación de Fernández de Kirchner, al mismo tiempo ordenó las medidas de prueba solicitadas por la UIF: dispuso determinar si Báez o alguno de los demás procesados en la causa ingresó a la residencia presidencial entre 2010 y 2013 y también si lo hicieron a otros organismos públicos como la Procuración General de la Nación, Afip, Banco de la Nación y Banco Central y el Ministerio de Planificación Federal a cargo del ahora detenido Julio De Vido.

Para ello envió oficios a cada dependencia y además requirió a la Secretaría de la Presidencia que “informe las líneas telefónicas -tanto fijas como celulares- que tenía asignada la ex presidente y sus secretarios privados el período que va desde octubre de 2010 a abril de 2013” para realizar un entrecruzamiento de llamados entre ellos y los acusados en la causa por lavado de activos.

 

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