Diez provincias con producción minera formaron ayer la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), que tendrá como objetivo coordinar y unificar normas del sector que permitan generar un marco de sustentabilidad ambiental y social a la industria. Sin embargo, las protestas ciudadanas contra la megaminería a cielo abierto siguen creciendo, y los reclamos se extienden al gobierno nacional (ver Reclamos…).
El lanzamiento de la OFEMI se concretó durante un encuentro que se celebró en la Casa de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires, en el que participó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El gobernador de Jujuy y presidente designado de la OFEMI, Eduardo Fellner, tuvo a su cargo la lectura al acta constitutiva de la entidad, que entre sus objetivos fundacionales reivindica el "desarrollo de la actividad minera en un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social", y promete "impulsar el esclarecimiento de lo que es la actividad minera".
La OFEMI está inspirada en la Organización Federal de Estado Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), conformada por todas las provincias petroleras del país. De Vido ponderó la creación del organismo y explicitó la voluntad de cooperación del gobierno nacional en favor de la firma de un "acuerdo federal minero". "Hemos tomado el compromiso, hemos recogido el guante de esta organización federal y vamos a avanzar y a trabajar en un acuerdo federal minero", adelantó el ministro, que destacó la necesidad de "seguir avanzando en la distribución de la riqueza de la actividad minera en la comunidad". La organización quedó integrada por las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.
El ministro de Planificación destacó la importancia de que las provincias puedan integrarse con el sector privado y encarar emprendimientos en el sector, y pronto Fellner adelantó que la próxima semana Jujuy constituirá su propia empresa minera, "haciendo la reserva de las áreas hidrocarburiferas", afirmó. El documento suscripto también insta a "arbitrar acciones para profundizar la sustituciones de servicios"; "establecer mecanismos de resolución de conflictos de modo tal que la actividad minera (...) cuente con licencia social"; y la creación de un ámbito de "interacción entre las autoridades provinciales y las Secretarías de Ambiente y Minería de la Nación".
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