La ministra prometió que será "inflexible" en caso de que se compruebe que hubo espionaje.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, reaccionó con prontitud a la difusión del polémico Proyecto X en el ámbito de la Gendarmería Nacional, supuestamente destinado a espiar a sindicalistas y organizaciones sociales, y ordenó realizarle una auditoría interna. "No admitimos espionaje y, si llegara a haber, seremos inflexibles", sostuvo Garré en su cuenta de Twitter, y explicó que el Proyecto X "es en realidad un software" y la auditoría se realizará para "saber qué contiene", es decir para determinar si los gendarmes habían armado una base de datos con información sobre militantes y activistas sociales. Los trascendidos indican que la funcionaria analiza la remoción de los más altos mandos de la Gendarmería, incluidos los responsables del área de Inteligencia, si se demuestra que el Proyecto X violó la Ley de Inteligencia Nacional. De hecho, el fin de semana Garré realizó un fuerte recambio en la cúpula de la fuerza: pasó a retiro a 19 comandantes (aunque se ratificó al jefe de Gendarmería, Héctor Schenone), además de los comisarios de la Policía Federal y de la Prefectura. El Gobierno despegó empero la purga del escándalo y atribuyó esta recomposición al "natural proceso de ascensos y retiros" que ya estaba previsto. Incluso, confirmó que el comandante Martinengo, jefe de Inteligencia Criminal, no fue pasado a retiro, pese a que su área es la más salpicada por la crisis del Proyecto X. "No fue pasado a retiro ninguno de quienes podrían sufrir consecuencias por la auditoría. La investigación es la que determinará las sanciones", sostuvieron las fuentes oficiales. Los trascendidos indican que la auditoría estará lista cerca del fin de semana: "En caso de haberse violado la ley de inteligencia, no sólo serán removidos, sino que puede haber denuncias penales", dijeron las fuentes citadas por el diario La Nación. En cuanto al pedido de los legisladores de la oposición para que dé explicaciones en el Congreso, Garré explicó que al Parlamento "se le respondió sobre el tema el 23 de enero, apenas requirieron informes". Sin embargo, la oposición volvió a cuestionar a la ministra y a pedirle explicaciones. La investigación quedó a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
Reclamos desde la oposición. Los referentes del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) Christian Castillo y Myriam Bregman advirtieron que "nadie puede creer seriamente que la ministra Nilda Garré no estaba al tanto del Proyecto X de Gendarmería", y calificaron a la auditoría anunciada por la ministra como "una pura maniobra distractiva". "¿Quién garantiza que no borrarán las huellas de su accionar ilegal que está documentado en las declaraciones e informes que los propios gendarmes han presentado en las causas judiciales?", sostuvieron los dirigentes. A su vez, el diputado Gerardo Milman (GEN) reclamó que la presidenta Cristina Fernández "destruya los informes del Proyecto X de Gendarmería", y advirtió que las supuestas actividades desarrolladas por el programa "constituyen una violación a las leyes nacionales de seguridad interior e inteligencia". "Son remanentes de prácticas que deben ser desterradas", afirmó a su vez el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, titular del organismo Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), al igual que Nora Cortiñas, referente de Madres Línea Fundadora, quien se mostró preocupada porque Gendarmería recabe datos de manifestantes sociales.