Mujeres, cuarentenas y cárceles

Derechos civiles | Por Andrea Sabattini

¿Cómo será el mundo después? ¿Cómo será el día en que podamos aventurarnos más allá de la verja para, simplemente, disfrutar del sol y el aire libre?
¿Habrá un después? Asumo, en todo caso, que será distinto, que el mundo habrá cambiado sustancialmente. Y, casualmente divagando en estos días de hacer nada, me pregunto también cómo afecta el aislamiento nuestros cuerpos de mujer. Es que nuestra corporalidad y sexualidad han sido en el pasado fáciles blancos de las biopolíticas del poder, y no hay motivo para que no lo sigan siendo ahora. Ya indicó Michel Foucault, en “Vigilar y castigar” (1975), que la microfísica del sistema se exacerba en contextos de encierro. Como sabemos, el servicio carcelario es “el” prototipo de normalización, a través del cual se presiona al sujeto para obtener su obediencia, hecho que se refleja, entre otros ámbitos, en la situación de las mujeres que enfrentan situaciones de encierro en los centros carcelarios provinciales. El año pasado eran 384, en su mayoría detenidas por narcomenudeo, según las cifras informadas por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en la Comisión de Labor Parlamentaria del 20 de marzo en la Legislatura de 2019.

Recordemos que a través de una serie de hábeas corpus interpuestos en diversos juzgados de Control y Ejecución Penal con jurisdicción en la ciudad de Córdoba, diversas mujeres que cumplían entonces con prisión preventiva o condena denunciaron un sistemático maltrato que se estaría ejerciendo contra ellas y el abanico de vejámenes al que estarían sujetas, tales como el hacinamiento, la imposibilidad de contacto con familiares y abogados o la falta de atención y provisión de medicamentos y de elementos de higiene. Dichas interpelaciones al poder, que por su masividad fueron catalogadas como una “lluvia” de presentaciones judiciales, se habrían multiplicado cuando una de las detenidas, tras descompensarse, fue trasladada al Hospital Misericordia y luego retornada al penal, habiendo fallecido horas después. A ello se habría sucedido una serie de decesos que, por las circunstancias dudosas y versiones encontradas que suscitaron, justificaron la intervención del Ministerio Público Fiscal. Algunas de tales versiones apuntaron en la dirección de la inevitabilidad de las muertes y la existencia de afecciones de base; otras, en la del suicidio o la deficiente o inexistente atención sanitaria. Es de destacar que las denuncias acentuaban que el menoscabo se habría estado llevado a cabo por parte de otro grupo de mujeres, las que cumplían funciones institucionales y de trabajo. No aludiendo específicamente a una tipicidad penal propiamente dicha, la figura que cabría asignar en este caso es, entonces, la de “maltrato de género calificado”, por ser el Estado el maltratador, por perpetrarse a través de un grupo de mujeres que sojuzga a otro grupo de mujeres, y por la modalidad serial de los vejámenes. Lo inquietante es además que tal maltrato generalizado (“latente” en términos psicoanalíticos, si se quiere) podría haberse “institucionalizado” o naturalizado, y haber llegado a constituirse en un aditivo “normal” de la vida en el penal.

Pero llegando las internas a resistir la lógica de vigilancia, corrección y castigo a la que están expuestas con lo único que tienen para protestar, su cuerpo y su vida, la política de normalización de Bouwer fracasa rotundamente.

La situación carcelaria de la provincia de Córdoba se inscribe dentro de las presentes en las demás jurisdicciones argentinas, al juzgar por el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en septiembre de 2019, sobre sus condiciones de detención.

La situación del Covid-19 exacerba la situación delineada, habiendo generado la necesidad de intervención, el 19 de marzo de este año, en un pabellón de varones, de la unidad antimotines del Servicio Penitenciario. Es por ello de fundamental importancia para la sanidad pública, la remoción de las condiciones de hacinamiento del penal, el suministro de controles médicos adecuados a internas e internos, y el tratamiento especial de mayores con afecciones de base previas que agravan sus cuadros clínicos.


Abogada, doctora en Educación.

 
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