¿Por qué no hay saqueos ni explosión social?

Por Eduardo Ingaramo

En una columna anterior (“Política y marketing”, HDC 17/07/2020) insistía en la importancia de consolidar la política, con buena comunicación y gestión. Gestionar significa organizarse, planificar, ejecutar y controlar, por lo que es un proceso lento y complejo, pero inevitable para un Estado que desde hace décadas dejó de controlar e impuso políticas. Ahora se están viendo saludables experiencias.

La Nueva Gobernanza, promovida por el Objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) de la Agenda 2030 de la ONU es un enfoque que busca que la formulación e implementación de políticas públicas, y la prestación de servicios públicos, se dé a través de la conformación de redes inter-organizacionales, donde el gobierno sea aquél que coordine y genere consensos entre los distintos sectores. Reemplazó la Nueva Gestión Pública (NGP) promovida en los años 80 y 90, que organizaba el Estado en “agencias” fuera del control legislativo y de la sociedad; un enfoque basado en la búsqueda de la eficiencia, pero con un Estado liberado a las fuerzas del mercado.

Las cooperativas y mutuales

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo autárquico de promoción y control de cooperativas y mutuales, desde su creación (1972) fue un organismo “distinto”. Es administrado por un directorio formado por tres representantes del Gobierno –incluido su Presidente- y cuatro de las entidades, dos de cooperativas y dos de mutuales. Pero no es sino hasta ahora que esa representación de las instituciones es efectiva a partir de que participan como vocales las autoridades de las confederaciones. Su organización penduló históricamente entre el autoritarismo y una participación limitada, y una vacilante coordinación con otros organismos del Estado que no llegaban a reconocerla plenamente en la medida que desde Desarrollo Social solo era observada como una institución que coordinara “ayuda social”, sin considerar la fortaleza del movimiento cooperativo y mutual. Pero eso ha cambiado, y mucho más con los efectos de la pandemia y la consecuente cuarentena. Hoy depende del ministerio de Desarrollo Productivo, y ha asumido su rol orientado en ese sentido.

Por Resolución 03/2020 creó las Comisiones Técnicas Asesoras -31 grupos con más de 2.000 participantes- para movilizar el conjunto de las entidades en la realización de propuestas a ser consideradas; además de generar procesos asociativos horizontales entre las entidades, con participación de sus entidades representativas. El desafío es enorme, pero más posible que nunca, por la transformación digital forzada que produjo la pandemia, que permite la participación remota sin costos logísticos de personas de todo el país, con sus consecuencias en el federalismo, y de los más diversos sectores con efectos inclusivos y de cooperación. Sin el “pecado original” de las administraciones públicas (auto centradas, burocráticas, poco transparentes) y en un movimiento acostumbrado a crecer por sí mismo, las expectativas no pueden ser mejores, y sus resultados comienzan a verse en el vertiginoso avance de la tarea que lleva a cabo y los efectos asociativos que se están produciendo. Más allá de las opiniones que dicen ser cooperativistas y cuestionan la participación de entidades representativas del sector y sus principales dirigentes, por una supuesta inhabilidad que inhibiría a gremialistas a participar del ministerio de Trabajo, o dirigentes empresarios que trabajan con el sector. Como si la integración federativa hubiera dejado de ser un principio cooperativo universal.

Desarrollo Social, Trabajo y Vivienda

¿Por qué si la caída económica es tan o más profunda que en 2001, no existen los saqueos y la explosión social de aquellos años? La respuesta es simple: un Estado que sobrevivió a su minimización, la AUH y la cobertura jubilatoria generalizada. Un Estado rápidamente presente en la contingencia cubrió, al menos en parte, las consecuencias directas (IFE, ATP, créditos a tasa cero, Tarjeta Alimentar, alimentos secos para comedores de ONG, iglesias y organizaciones sociales, convenios con comedores y merenderos, comedores escolares, congelamiento de tarifas, etc.), donde el clientelismo no ha tenido lugar, por ser mayoritariamente asignaciones personales y universales que han requerido un proceso acelerado de gestión. Proceso que deberá ahora consolidarse y transformarse.

La red territorial de administraciones, ONG, organizaciones sociales de jubilados, de desocupados, iglesias, clubes, cooperativas y mutuales es, sin duda, la diferencia entre aquel 2001 y hoy, pero también entre otros países y el nuestro. Ellas serán claves para sumar y dar trabajo, como la evolución natural de todos los programas de asistencia, a través de programas como Potenciar Trabajo, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, Bancos de máquinas, herramientas e insumos, Microcréditos, Integración socio urbana de Barrios Populares, que surgen del ministerio de Trabajo, y del de Vivienda y Hábitat, en donde el INAES tiene mucho para aportar.

También planes estratégicos, federales y sectoriales seleccionados entre aquellos que no han sido tan afectados por la pandemia (economía del conocimiento, agroindustria de valor agregado, energía, minería) capaces de generar valor agregado, puestos de trabajo y superávit comercial, podrán permitir un desarrollo sostenible.

En todas ellas, la nueva gobernanza –con su elaboración participativa de normas- si se desarrolla sin exclusiones será clave para la “nueva normalidad” y una gestión sostenible. Las profecías apocalípticas no tienen lugar en este escenario, como tampoco las soluciones basadas en reformas laborales o jubilatorias, en medio de una sustancial reducción del consumo y de guerras comerciales multilaterales y proteccionistas.

 
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