Justicia independiente

EDITORIAL | Hoy Día Córdoba

Faltan 20 días para que los argentinos vayamos a las urnas a elegir al Presidente de la Nación, nada más y nada menos. Es decir, a la persona que, junto con sus funcionarios y los legisladores de su partido o coalición, gobernará los destinos del país durante los próximos cuatro años, a partir del 10 de diciembre.

Para cualquier democracia del mundo, la continuidad de los procesos electorales es, siempre, una buena noticia. La base de cualquier régimen democrático es el voto, sin lugar a dudas. Las elecciones competitivas, o sea, con sufragio universal, sin fraudes ni proscripciones, son un requisito necesario para que haya una democracia representativa.

Para que esa democracia de la que hablamos sea, además, una democracia republicana, es indispensable que funcionen las instituciones del Estado de Derecho. Entre ellas, el Poder Judicial. El acceso a la justicia es fundamental para que los ciudadanos de un país puedan ser real y efectivamente “iguales ante la ley”, como manda la Constitución Nacional.

En ese marco, la administración de justicia debe ser independiente. Esto incluye tanto a la justicia federal como a los poderes judiciales de cada una de las provincias argentinas. Si queremos una democracia representativa y, sobre todo, republicana, los jueces deben ser independientes de los poderes políticos y económicos de turno. También de los mediáticos.

Los procesos judiciales no pueden estar subordinados a los tiempos electorales ni acomodarse a los resultados de los comicios nacionales o provinciales. Lamentablemente, en la Argentina ha ocurrido y ocurre lo contrario. Los gobernantes solamente son juzgados cuando ya no lo son, es decir, cuando han dejado el poder.

Ese ha sido el caso de Carlos Saúl Menem y de Cristina Fernández de Kirchner, los dos mandatarios que consiguieron sendas relecciones consecutivas en 1995 y 2011, respectivamente. Durante sus mandatos, las denuncias de corrupción en el ejercicio de las funciones ejecutivas, de ellos o de sus funcionarios, se amontonaron en las sedes judiciales.

En ambos casos, los procesos se pusieron en marcha cuando ya no ejercían el poder y estaban protegidos por fueros parlamentarios. Menem trató de volver al Ejecutivo en 2003, ganó en primera vuelta pero no se presentó al ballottage. Fernández de Kirchner es candidata a la vicepresidencia de la Nación y, a pesar de todas las causas en su contra, puede lograrlo.

Más del 75% de los argentinos desconfía del Poder Judicial (según la última encuesta de Latinobarómetro). Para recuperar la confianza perdida es imprescindible que los procesos penales que afectan a la ex presidenta y a quienes fueron sus funcionarios sigan adelante, más allá de los resultados del venidero 27 de octubre.

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