Una competencia desigual

Una competencia desigual
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CASI TODO ES OTRA COSA
 
por Ernesto Kaplan
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En el tramo final de la campaña electoral, cobran cada vez mayor visibilidad las herramientas disímiles que manejan cada uno de los frentes aliancistas que se tejieron en Córdoba, lo que permite vislumbrar que no habrá grandes sorpresas tras el 5 de julio. En el caso del oficialismo, que marcha primero en la mayoría de las encuestas en danza, la estrategia es acentuar la propaganda en los medios de comunicación y en la vía pública, además de los recorridos cara a cara con los vecinos tanto en las distintas seccionales de nuestra ciudad como en los pueblos del interior. Al mismo tiempo, el equipo de colaboradores del candidato a gobernador, Juan Schiaretti, parece estar convencido de que la mejor forma de asegurar las diferencias existentes con sus más inmediatos perseguidores es evitando las confrontaciones públicas. Por más que el postulante del espacio Córdoba Podemos, Eduardo Accastello, se empeñe en reclamar la realización de un debate, desde el búnker de Unión por Córdoba procuran estirar los plazos para eludir ese tipo de exposición. Y de ninguna manera aceptarán un intercambio de ideas que intente ser impuesto por el capricho de un matutino centenario, que se ha acostumbrado a aleccionar a dirigentes y ciudadanos en general.  
 
En este contexto, el peronismo corre con una enorme ventaja respecto de sus oponentes. Sucede que a través del Estado provincial se adoptan medidas que hacen cotizar aún más sus aspiraciones de continuidad. Frente a la proximidad de los comicios, se habilitó un importante crecimiento en la inversión de la obra pública que beneficia tanto a Schiaretti como a las pretensiones presidenciales de José Manuel de la Sota. De acuerdo con datos oficiales de la Ejecución Presupuestaria al 30 de abril pasado, los gastos de capital del gobierno de Córdoba en el primer cuatrimestre de 2015 fueron de 1.625,5 millones de pesos, 73,1 por ciento por encima de los registrados en el mismo período del año anterior. Traducido en números concretos, esto representa una inyección promedio de 14,77 millones de pesos por día. Pero si se contabiliza sólo el mes de abril, los desembolsos diarios treparon a 16,6 millones de pesos, 13% mayores que el promedio del primer trimestre del corriente año. Se trata de la delgada línea roja que separa a los cortes de cintas de una gestión gubernamental con los actos proselitistas de sus candidatos. Recurso al que apeló y lo seguirá haciendo todo aquel funcionario que ocupe un cargo en el Estado. La misma movida es replicada en esta capital por el postulante a la reelección municipal, el radical Ramón Mestre. El intendente promedia al menos dos inauguraciones semanales para posicionarse ante el electorado. Si recibe ayuda financiera de De la Sota, como lo denunció la también candidata al Palacio Seis de Julio por el peronismo disidente, Olga Riutort, es una situación que habría que comprobar. Aún en el caso de que sea cierto, no debería sorprender a nadie porque forma parte de un pacto no escrito entre el pejota provincial y el mestrismo para mantener el statu quo vigente.   
 
Desde El Panal se adoptó una segunda resolución política que fue en el mismo sentido que la referida a la inversión en obra pública. A menos de un mes de la principal parada electoral, el Gobernador accedió a un pedido del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) para que se posterguen hasta agosto de 2016 los contratos de unos 5.000 empleados de la administración central, cuyo vencimiento original operaba el 31 de agosto venidero. Como se podrán imaginar, De la Sota y su antecesor-sucesor no se podían permitir que les estallara semejante foco de conflicto en este momento crucial.  
 Mientras tanto, Accastello y el candidato del espacio Juntos por Córdoba, Oscar Aguad, cada uno a su manera y con su estilo, tratan de provocar golpes de efecto para mover el avispero. El reclamo que ambos candidatos comparten para que se lleve a cabo un debate se conduce en esa dirección. Desnudar las flaquezas de Schiaretti tiene como claro objetivo instalar la necesidad de un cambio y, de paso, lograr acortar distancias en los sondeos. Para el resto de los anotados en la carrera por la Gobernación, como puede ser el caso del ascendente Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), el trabajo de instalación de sus propuestas es bastante más artesanal por la sencilla razón de que disponen de menos recursos y, por consiguiente, se ven forzados a apelar a un mayor ingenio para despertar el interés del votante. De todos modos, la principal fortaleza de la que disponen estos contrincantes es su sinceridad. Sin asesores de marketing, manuales ni presupuestos millonarios, se exhiben a cara lavada dejando de manifiesto los años de militancia. 
 
La expectativa central que comparten todos los candidatos en esta etapa definitoria es atraer la atención de los indecisos, que por estos días treparían al 15% del total de los electores habilitados para sufragar. No es un dato menor puesto que esos votos son una presa deseada por la totalidad de los frentes electorales. Aunque muchas veces, esos ciudadanos terminan inclinando la balanza a favor de quienes perciben que pueden estar peleando la punta.  
 
Aportes públicos y privados
 
Sobre el comienzo de esta columna me atreví a vaticinar que no se puede esperar una sorpresa mayúscula en las elecciones provinciales de julio, partiendo de la base de que las partidas que la Justicia Electoral Provincial le asignó a cada uno de los candidatos a la Gobernación fueron desiguales. Luego de la última reforma a la ley electoral número 9.571, aprobada en abril pasado por el oficialismo en la Legislatura Unicameral, el Estado puso a disposición de los partidos políticos más de 15 millones de pesos para la propaganda de sus respectivas plataformas en los medios. El 70% de los fondos se repartió en función del resultado obtenido en la elección anterior y el 30 restante se dividió en partes iguales. El Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales se distribuyó de la siguiente manera: la denominada Triple Alianza que componen la UCR, el Pro y el Frente Cívico se quedó con 5.329.038 pesos; luego le siguió Unión por Córdoba con $ 4.932.208; el Frente Progresista y Popular, con 1.323.331 pesos; y el FIT con $ 782.730. Lejos de este pelotón se encuentran el resto de las coaliciones, incluida la de Accastello, con un total de 416.875 pesos. Es decir que de entrada nomás se evidenciaron marcadas diferencias que favorecen la instalación de determinados nombres por sobre otros. 
 
Finalmente, se debe agregar que la reciente modificación del Código Electoral terminó por blanquear una práctica recurrente en campañas anteriores. El aporte del sector privado, ese agujero negro que para esta ocasión se amplió hasta alcanzar un tope de 75 millones de pesos. Si repasamos cuáles fueron los candidatos que en los últimos meses promovieron cenas con encumbrados empresarios se podrá obtener un panorama más completo acerca de dónde irán a parar esos fondos adicionales. A pesar de que existe un techo de gastos de 25.080.235 pesos por cada fuerza, los retoques a la ley electoral provincial tendieron a flexibilizar aún más el seguimiento y fiscalización de las erogaciones proselistitas. Los resultados de estos ajustes estarán a la vista de todos los ciudadanos el día después de los comicios.      
 
@ernestkaplan
 
 
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