No podrán votar los jóvenes de 16 años

Desestimó el planteo del frente Córdoba Podemos para ampliar la edad de los votantes

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) desestimó ayer el pedido que había realizado el candidato a gobernador del frente kirchnerista Córdoba Podemos, Eduardo Accastello, para que voten los jóvenes de entre 16 y 18 años en las próximas elecciones provinciales, a celebrarse el venidero 5 de julio. En consecuencia, el TSJ ratificó que en la provincia sólo estarán habilitados para sufragar los mayores de 18 años.
 
En respuesta, Córdoba Podemos anunció anoche que va a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en este tema. "Cabe destacar que la solicitud del frente se fundamenta en que no resulta lógico y justo que un joven cordobés pueda lo más (elegir a su presidente y sus diputados y senadores) y no lo menos (elegir a su gobernador y sus legisladores provinciales), como así también el hecho profundamente discriminatorio de que un joven porteño o mendocino pueda elegir a su gobernador y no pueda hacerlo un joven cordobés", señaló un comunicado del espacio kirchnerista.
 
El planteo de Accastello tiene que ver con una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra del artículo 8 del Código Electoral Provincial (ley 9.571), que no permite el sufragio electoral a los menores de entre 16 y 18 años.
 
Sin embargo, en la resolución, el TSJ evaluó que “en el marco del régimen federal vigente en el país, la organización electoral de cada estado, ya sea la Nación o las provincias, es competencia exclusiva de cada una de ellas. Y, en consecuencia, la determinación de la edad habilitante para votar queda dentro de tales facultades”. Como ejemplo del ejercicio de estas facultades de diseño electoral, recordó que los menores de 16 años fueron incorporados como electores en ciudades, como en el caso de Córdoba, antes que a nivel nacional, y eso no generó ni dio lugar a considerarlo inconstitucional. Es decir que consideró que son los constituyentes y los legisladores quienes están facultados constitucionalmente para decidir la edad a partir de la cual se adquieren los derechos políticos a nivel local. Para ello, cuentan con libertad política para optar entre varias alternativas al respecto.
 
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