La crisis de los refugiados amenaza el Tratado de Schengen

UNIÓN EUROPEA

por Ruth Ferrero
 
Hace semanas que llevamos escuchando que uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la Unión Europea es el final de la zona Schengen. Sin embargo, como no podía ser de otro modo, no ha sido hasta que Alemania ha decidido dar un golpe sobre la mesa cerrando temporalmente sus fronteras y, por tanto, cerrando con ello la libre circulación de personas, uno de los pilares de la integración europea, cuando cobró importancia.
Esta crisis de refugiados ha puesto sobre relieve los grandes retos a los que se enfrenta la UE, el principal de todos ellos es el de responder a la pregunta ¿hacia dónde? Si la respuesta es hacia más Europa, hacia una Europa más política, más integrada entonces habrá que empezar a tomar decisiones en cuestiones tales como política exterior común, política de inmigración y asilo común, política fiscal común, etcétera. En esta nueva reflexión, por tanto, se deberán plantear cuáles son los objetivos comunes de la Unión y cuáles deben ser sus límites. Los líderes comunitarios deberían también preguntarse sobre los valores que debe defender una Europa más unida, así como definir las nuevas amenazas del siglo XXI.
 
Si para algo está sirviendo esta crisis de refugiados es para redefinir los valores democráticos y de derechos humanos que se perdieron en algún momento en algún despacho de la burocrática Bruselas. Si bien el principio de libertad de movimiento lleva vigente en la Unión más de 60 años, no fue hasta la incorporación de los países del Centro y Este Europeo al espacio Schengen cuando se comenzaron a elevar las primeras voces en su contra. Si en el años 2000 el 5,1% de la población de la UE vivía en un país que no era el suyo, un total de 19 millones; en 2009 era el 6,4%, lo que suponía, 31,9 millones de personas. Las últimas ampliaciones han sido determinantes, especialmente a la luz de los datos de 2 millones de rumanos y 1,5 de polacos que componen el 11% de la población europea que reside en un país distinto al suyo.
 
El hecho de una mayor movilidad intraeuropea, junto con el contexto de crisis institucional y económica de la UE ha hecho que la cuestión del control de esta movilidad se haya puesto en sucesivas ocasiones en entredicho. La primera de ellas tuvo lugar en 2005 en pleno debate sobre el Tratado Constitucional en Francia, en el que contra dicho texto se presentaba un discurso de repliegue identitario y nacionalista. Más adelante, ya en 2011, en plena crisis económica, Silvio Berlusconi y Nicolas Sarkozy pidieron la renacionalización de las fronteras interiores. Las razones de esta petición fue la ingente llegada de un gran número de refugiados procedentes de las “primaveras árabes”. Sin embargo, a estas primeras manifestaciones, no tardarían en sumarse Cameron y el gobierno alemán, que a principios de 2014 y a la luz del fin de la moratoria impuesta a los ciudadanos rumanos y búlgaros, comenzaron a plantear la posibilidad de cerrar el espacio Schengen o, por lo menos, establecer medidas correctoras del mismo. Así ambos países comenzaron a legislar contra lo que denominaron “turismo de prestaciones”. En Alemania se aprobó una norma que posteriormente fue ratificada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a través de una sentencia que condiciona el derecho de residencia al ejercicio de una actividad económica o a disponer de recursos suficientes. El caso británico es mucho más espinoso ya que plantea la posibilidad de extremar las trabas en el acceso al mercado de trabajo, y, por supuesto, a las prestaciones.
 
En 2015 nos encontramos ante un masivo flujo de personas con derecho a asilo y refugio que intentan acceder como pueden al territorio de la UE, y se vuelven a disparar todas las alarmas. Ahora ya no se trata de impedir la movilidad de ciudadanos europeos. Ahora el objetivo es ver cómo resolver la cuestión del establecimiento de cuotas equitativas entre los Estados miembros ante este drama, responder de manera adecuada al potencial peligro del terrorismo yihadista y combatir el crimen organizado. Las autoridades europeas están temerosas de que la ruta de los refugiados pueda ser utilizada por el Estado Islámico para introducir elementos terroristas en territorio europeo. Efectivamente, algunos de los discursos más reaccionarios y menos solidarios alertan de este peligro. Con toda probabilidad, el objetivo de tan falaz silogismo sea el de parar las demandas ciudadanas de mayor solidaridad. 
 
Es evidente que en cualquiera de los tres supuestos (refugiados, terrorismo, crimen organizado) el problema más que dentro de Schengen se encuentra fuera. Si Europa no es capaz de proyectar estabilidad en su vecindad, seguro que la importara en su territorio.  Al terrorismo yihadista hay que combatirlo en origen, en Siria, Irak o Libia, y no intentando identificar infiltrados entre los refugiados que llegan a la Unión.
 
En cuanto a los refugiados, obviamente, es obligación de los Estados ofrecer ayuda humanitaria a las personas desplazadas, pero también actuar en las causas de ese efecto expulsión que suponen los conflictos y las guerras. Sin duda, el fin de Schengen no sólo no resolvería estos problemas, sino que además también terminaría con la propia UE.
 
Tras días y semanas de negociaciones en relación con la distribución de las cuotas de refugiados de la UE entre los distintos Estados miembros, todavía no hay un acuerdo sobre cómo realizar dicho reparto. Parece que todos los países, con la excepción del grupo de Visegrado (Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia) están de acuerdo en el reparto, y todo ello a pesar de la presión ejercida en la reunión de Praga del día 11 de septiembre, en el que se reunieron con las autoridades alemanas y luxemburguesas para tratar el tema de manera específica con estos países. Sin embargo, con la reunión de los ministros de Justicia e Interior que se va a celebrar y en la que se decidirá cómo actuar, estos países no sólo no han dado su brazo a torcer, sino que además han respondido con importantes movilizaciones en las calles contra la llegada de refugiados. El discurso dominante entre ellos incluye desde el rechazo a los refugiados de religión musulmana en Eslovaquia y Polonia, hasta su intento de criminalización por parte de las autoridades húngaras. Todo ello por un temor a la pérdida de un supuesto “equilibrio cultural” en Europa. Pero, ¿por qué es tan complicado convencer a estos países para que modifiquen su postura? Podríamos responder que nos enfrentamos a sociedades acostumbradas a levantar muros y vallas contra todo: contra los refugiados, contra los gitanos, contra Rusia. Pero eso también sucede en países como España, vallas de Ceuta y Melilla, sólo por mencionar algunas. Quizás una respuesta más adecuada sería que estas sociedades arrastran todavía huellas del pasado. La manera en que estos países llevaron a cabo sus procesos de construcción nacional sobre una concepción etnocéntrica y diferencial del Estado-nación ha quedado reflejada en sus textos constitucionales, lo que todavía pesa sobre las minorías nacionales presentes en sus territorios.
 
Alemania ha tomado la decisión de cerrar temporalmente la frontera con Austria, es decir el cierre de su espacio Schengen. Se pueden buscar dos explicaciones para ello: la primera de ellas, la oficial, sería como reacción ante la imposibilidad de acoger las ingentes cantidades de refugiados que están llegando a Munich en estos últimos días; la segunda, como mecanismo de presión a sus vecinos orientales, puesto que el cierre de esta frontera obligará a un desvío de las rutas a través de la República Checa y Polonia. Ambas son complementarias y, además, suponen un mensaje implícito por parte de Ángela Merkel: la crisis de refugiados no es competencia de un solo país, es un problema europeo que hay que resolver de manera conjunta y solidaria, de lo contrario, Alemania no dudará en tomar las medidas oportunas para gestionarlo. Incluso poniendo fin a Schengen, en definitiva, poniendo fin a la Unión Europea.
 
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