Una República anómica ante una sociedad indiferente

Justicia | Por Alejandro Zeverín

La abogada defensora del imputado por corrupción devenido empresario Lázaro Báez, Elizabeth Gasaro, desmintió el contenido de unas supuestas escuchas telefónicas que la prensa calificó de “escuchas reveladoras”, además, dijo que si esas escuchas existieran deberían haber sido “eliminadas”, refiriéndose a una intervención telefónica ordenada judicialmente que captó y grabó una conversación telefónica entre defensora en causa penal con un imputado detenido en el penal federal de Ezeiza. El mismo periodista que disparó la noticia tirando al ruedo la primicia revelando su contenido y propagándolo, advirtió que “hay más grabaciones” de la “Operación Puf”, aludiendo según libre interpretación también periodística, al limado de la investigación e investigadores de la causa cuadernos.

Lo que se le olvidó de decir esa abogada es que debería ser destituido el juez que las ordenó, el fiscal que las solicitó, sumariado quien las extrajo de la causa dándola a conocer en caso de ser empleado judicial de menor jerarquía y seriamente cuestionado éticamente el periodista que alegremente las difundió, regodeándose sobre sus fuentes, cual temas de un partido de fútbol o comentarios de la farándula. Sin ningún tapujo no informan al público dos cuestiones centrales: que toda revelación crítica de una investigación judicial debe estar bajo reserva, solo es de acceso para las partes de ese proceso (fiscal, juez y defensor), que eventualmente podría conocer la parte querellante, y que todos tienen la responsabilidad de guardar secreto. También que revelaciones de esta naturaleza comprometen el éxito de las investigaciones que forman parte, sin darse cuenta que alguno de ellos pueden ser futuras víctimas de una república que -aunque se esfuerce-, no puede brindar las debidas garantías a quienes se someten a un proceso penal, menos aún imagen de seriedad del poder de donde provienen.

El preámbulo parecería ser un grito de inocencia en favor de Báez y de corporativismo en favor de la abogada Gazaro, pero no es así porque quien se expresa no conoce al empresario salvo por su mala prensa, tampoco a la colega abogada.

Los arts. 39 y 40 de la Constitución de Córdoba, al igual que lo previsto en el art. 18, 75 inc. 22 y cc.de la Constitución Nacional dicen asegurar que toda persona sometida a juicio goza de las garantías de debido proceso y defensa en juicio, esto es un juicio justo que implica -entre otras- poder defenderse de la acusación cual fuera esta. Y un proceso para que sea justo debe sostenerse en los pilares de acusación, prueba, defensa y sentencia.

Tuve la oportunidad de asistir al juicio que se le inició al incorruptible juez que destapó el “caso Gürtel”, que desarticuló en España una trama corrupta de empresarios, banqueros y políticos que saquearon los fondos públicos con el resultado de eyectar de la política a decenas de dirigentes del Partido Popular que colaboraron en las fechorías. Pero ese juez, llamado Baltazar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid desde 1988, con 38 años de carrera judicial, también fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la magistratura por el Tribunal Supremo español tachándolo de “arbitrario” y “totalitario”, acusado de violar liminares derechos al ordenar prácticas propias de sistemas políticos ya superados por intervenir las comunicaciones en la cárcel de los corruptos que investigaba con sus abogados defensores.

Garzón se defendió aceptando los hechos, ocultándose en la argumentación de que lo ordenado era la única forma de aportar pruebas que develaran la verdad, desdeñando la cláusula sagrada de privacidad que garantiza todo sistema democrático entre abogado y defendido. Esa fue la mala historia de Garzón y no otra por él inventada sobre la causa legal de su expulsión de la magistratura española. De nada le valió su prestigio internacional y valor demostrado en un sinnúmero de investigaciones.

La inviolabilidad de las comunicaciones con el abogado defensor, hace al derecho del acusado de protegerlo en la existencia de libre comunicación, resultando el respeto de esa privacidad una relación básica con el sistema de garantías de debido proceso y defensa en juicio, lo contrario implicaría elevar a principio moral que el fin justifica los medios, que llevados a extremos de lógica absurda en definitiva justificaría la tortura para que se confiese el hecho también.

Para que se entienda, la defensa en juicio penal es el derecho fundamental que cualquier persona tiene para defenderse ante un tribunal de justicia por los hechos que se le imputan. Implica garantías de igualdad e independencia que deben respetarse en todas las etapas del procedimiento penal, debiendo los tribunales evitar desequilibrios en las respectivas posiciones procesales entre partes enfrentadas, e impedir que alguna de ellas puedan soportar indefensión, esta garantía es inescindible del otro concepto conocido como debido proceso.

Este último, es un principio legal por el cual el Estado debe garantizar la disponibilidad de los derechos que según la ley tienen las personas sometidas a proceso, es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene facultad legal de adquirir ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo en su juicio, que le debe permitir ser oído valiéndose de sus pretensiones si son legítimas ante el juez. Cuando se inobserva la ley se incurre en una violación del debido proceso por incumplir el mandato legal.

La definición anomia proviene del griego que significa ausencia de ley, de orden, de estructuras normativas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad. El término fue introducido por Émile Durkheim (1893), quien en relación al Estado lo caracterizaba como uno sin normas que lo hacían inestables en sus relaciones intergrupales “impidiendo su cordial integración”. Hoy podemos definir a un Estado anómico como aquel que tiene normas pero que no puede imponerlas o que, a pesar de dictarlas, nos las respeta. Y este parece ser el caso que nos trae.

Es válido entonces preguntarse qué seguridad jurídica puede ofrecer un Estado si uno de su poderes en el caso el judicial, manda ilegalmente intervenir las comunicaciones entre defensor y defendido, luego las revela y con ello pretende condicionar un resultado en un juicio, utilizando para ese fin a la prensa, bajo el camuflaje de la pregonada libertad de expresión consagrada constitucionalmente.

No se tienen noticias que el Consejo de la Magistratura de la Nación haya tomado cartas en el asunto, ni en este tema, ni en ninguno en que la revelación de testimonios, pruebas, declaraciones de imputados que como moneda corriente son mostrados a diario por televisión exhibiendo con desparpajo los originales que las soportan. Ni siquiera a nivel deontológico, léase tribunal de disciplina de abogados de Capital Federal importa si abogados devenidos en candidatos presidenciales amenazan a jueces, fiscales y cortesanos si fallan en sentido adverso a los gustos de sus clientes o amistades. Por tal razón, cabe otro interrogante, saber quién las provee y qué pretende quien las facilita. También es de interés hacer notar el respeto a la reserva que se le otorga al debido proceso, por ende a quienes son sometidos a juicio en países limítrofes y en el norte de nuestro continente, también en Europa, donde se prohíben las filmaciones para difusión periodística de lo que ocurre en el sagrado recinto donde se realizan juicios penales, sin perjuicio que la prensa pueda informar lo sucedido con posterioridad.

El concepto criminológico de la “ventana rota” resulta ejemplo correcto por encima de las críticas que se puedan hacer de acuerdo a las modalidades que se utilice en su implementación, cuando pregona que si no nos ocupamos de prevenir y detener el crimen menor, difícilmente luego se hará cuando inevitablemente se consuma el mayor.

04 Junio 2019
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