Tips para domesticar la justicia

Noticias de opinión | Judiciales

Por Alejandro Zeverin

La independencia judicial se entiende con una judicatura inmune a las injerencias de los demás poderes, políticos institucionales o extra políticos. La idea que la independencia judicial va de la mano de los mecanismos de selección y destitución de jueces resulta básica en el concepto. Se sintetiza la independencia judicial en el trípode de la república, un Poder Ejecutivo que administra, un Poder Legislativo hacedor de leyes y un Poder Judicial que controla a los dos anteriores y a la gente, para que todos respeten la constitución, las leyes que de ella dependen, y las que reglamentan su ejercicio. ¿Pero qué ocurre cuando el diseño de justicia está dado para que el Judicial no controle adecuadamente a los demás poderes, y el sistema está montado como mecanismo de relojería para condicionar ante la emergencia a alguno de sus miembros que se descarría de una independencia que hoy luce controlada?

Recientemente en medios periodísticos se expuso que en Córdoba hay señales de una independencia judicial “de utilería”: una visión correcta, además de valiente, y hasta ahora sin replica. En el artículo de marras, se llega a la conclusión que el Poder Judicial perdió su prestigio por la injerencia política de sus fallos, en los que se privilegia a las personas involucradas por encima de los hechos investigados, cuando aquellas tienen poder (político, económico o social); y que la evidencia demuestra un reconocimiento escandaloso de la injerencia intra y extra judicial sobre los fiscales y magistrados, de divisiones internas en la práctica diaria de dictar justicia.

Esta situación institucional vino sincronizada desde el gobierno de facto, con participación activa de los posteriores, resultando materia pendiente para el actual gobierno que no intervino en el armado que se denuncia, proponer leyes que acaben con este bochorno. Resulta útil analizar sintéticamente nuestros mecanismos de destitución de fiscales y jueces, o Jurado de Enjuiciamiento, de la conformación del Consejo de la Magistratura local, y del sistema administrativo para sancionar faltas de fiscales y jueces, con relación al nacional, encontrando diferencias que horrorizan.

En el plano legislativo, la Ley 7956 que, con sus modificaciones, rige sobre la conformación y modalidad de desempeño del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (Jury), son ocho representantes legislativos más uno del TSJ, pero resulta que no todos son abogados, a pesar que deben entender para destituir a jueces y fiscales, en causas de mal desempeño, supuesta comisión de delitos, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho o inhabilidad física. Como no todos son abogados, las audiencias de jury son presididas por alguien que no es el presidente institucional: lo reemplaza un miembro del TSJ; de esa forma, el TSJ marca la cancha con relación a quién manda. O sea: un jury compuesto por algunos legos, que debe definir sobre cuestiones legales, y un presidente ilegal. Una chapuza.

¿En qué condiciones de independencia se desarrolla la tarea de un fiscal o juez que debe investigar una causa penal de esas denominadas “complicadas”, si sobre su cabeza pende alguna denuncia ante el jury, o un proceso ante el fuero penal, si desde el poder se le recuerda la existencia de tal cuestión?

Ya vimos que en la Nación existe el Consejo de la Magistratura, constituido con miembros todos abogados, que tienen facultades de selección, disciplina y remoción de magistrados, no es causal de remoción la presunta comisión de delito sino la comisión de delito, (que es muy distinto, ya que lo primero habilita a la suspensión del acusado hasta que la justicia decida su inocencia o culpabilidad), y la preside el elegido institucionalmente. Es independiente del Congreso de la Nación. En Córdoba no es así: el Consejo de la Magistratura sólo se ocupa de seleccionar, proponiendo fiscales, jueces y otros funcionarios. En el Consejo de la Magistratura de la Nación quien esta designado como Presidente de la Comisión respectiva preside el juicio de destitución, sanción, etc., y no un extraño, para juzgar una falta achacada a un juez, la respectiva Comisión de Disciplina impone o libera al acusado de la sanción; en Córdoba existe una dudosa Dirección de Sumarios Administrativos, que juzga bajo la sola órbita del Poder Judicial –TSJ- un juicio sumario muy particular como arbitrario, sobre la evaluación de la conducta de un juez o fiscal acusado de falta administrativa, lo que permite disciplinar a quién, en abstracto, goza de inamovilidad, resultando la invasión entre poderes evidente.

Además, lo que pomposamente se llama Consejo de la Magistratura, que tiene una función distinta del jury, está controlado por el TSJ, porque lo preside, y el cargo no es rotativo. Está conformado por un solo miembro del TSJ, de la Asociación de Magistrados, de la Fiscalía General, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Unicameral, de la Academia de Derecho, del Ministerio de Justicia, y por dos abogados que intervienen por separado, según sea la selección para Córdoba capital o para el interior. O sea, como ocurre ahora hay consejeros con procesos penales en trámite (iniciados antes de su elección), pero que, además, litigan en el mismo fuero en el que son parte de la selección de jueces, o sea la sospecha de la mala utilización del cargo para mejorar su situación procesal no es descabellada. Finalmente, en la Nación y todas las demás provincias existe la imposibilidad de ser elegido en este estamento a aquellos abogados que tienen un proceso penal en trámite, y de ejercer la profesión en la jurisdicción donde, como consejero, participó en la elección del juez, o fiscal.

 
© 1997 - 2019 Todos los derechos reservados. Diseñado y desarrollado por HoyDia.com.ar