Un pacto social en construcción

Coyuntura económica | Por Darío Bertero

El Gobierno analiza alcanzar algún tipo de “pacto social”, como los implementados en las gestiones peronistas de 1952 y 1973, a través del Consejo Económico y Social. Una mesa de negociación que reúne a las organizaciones que ostentan representación de los intereses de empresas, trabajadores y Estado. Se trata de una política general de ingresos para lograr acuerdos en la toma de decisiones de precios y salarios, tanto en el sector privado como público, con miras a lograr determinados objetivos económicos. Todo ello, cabría esperar, con la aprobación por el Congreso, legitimando lo acordado.

Apunta a la necesidad ineludible de encausar el nivel de precios en un sendero previsible que ordene la puja distributiva. Es una política excepcional, no permanente, que regula ciertos precios y salarios de forma centralizada y con determinada universalidad para los diferentes sectores económicos. Trabaja vía la señal de ingresos en la reconfiguración de las expectativas inflacionarias, limitando la propagación inercial de la inflación (la inflación que genera más inflación).

La hiperinflación amenaza la actividad productiva, cuando se pierden patrones de comportamiento previsibles. El contexto económico de emergencia así lo atestigua: estancamiento productivo, emergencia alimentaria, imposibilidad de colocación de deudas (virtual default), cepo cambiario y una inflación que, en el último cuatrimestre, alcanzó una tasa anualizada de 67%.

Es cierta la factibilidad de lograr una caída pronunciada de la inflación con un acuerdo que regule la puja entre empresarios y asalariados, pero los riesgos implícitos son altos. Podría decirse que es andar por un sendero estrecho, en el sentido de que se abre una salida temporal, al momento que se doblega la propagación de la inflación (inercia). No obstante, los riesgos que supone esta medida acechan a ambos lados: el de no llegar a revertir a tiempo las presiones inflacionarias (causas de la inflación), vinculadas al déficit del sector público o el déficit del balance de pagos con el resto del mundo. A eso se le suman los riesgos de imprevistos exógenos que atenten contra los objetivos planteados en el programa, pudiendo ser tanto de naturaleza económica, como política (crisis internacionales, problemas en el proceso decisorio político, y otras). Lo delicado de la situación económica y la excepcionalidad de la regulación trazan el camino angosto por el que debe moverse el programa antiinflacionario.

Dicho de otro modo, la regulación puede alcanzar su cometido de bajar pronunciadamente la espiral inflacionaria, pero deben corregirse las causas finales de la misma para que, en la ronda posterior de negociaciones, la estabilidad (o una suba a menor escala) sea la norma a seguir. Por estas razones es conveniente optimizar temporalmente el plan, sincronizar las políticas para que la baja de precios por la regulación se armonice con una mayor estabilidad de fondo en todos los sectores. De lo contrario, la regulación solo retarda el aumento de precios y se acumulan las presiones para rondas posteriores que vienen con más incertidumbre y descontrol, exacerbando las pujas distributivas entre sectores.

La vasta experiencia nacional en programas anti inflacionarios muestra ese error común: no atacar a la vez, conjuntamente, los mecanismos de propagación de la inflación y las presiones sectoriales que actúan a través de un exceso de demanda. La inercia y las causas. Es común empezar por un lado o por otro, pero siempre deben tomarse medidas para ambos mecanismos. Por ello, en procesos inflacionarios prolongados como el que se experimenta actualmente, no basta con políticas monetarias y/o fiscales tradicionales. No bastan las medidas únicamente ortodoxas. Un ejemplo de ello es la política de no emisión y disminución del déficit fiscal del período 2018-2019, que finaliza con aumentos de precios superiores a los anteriores.

Tampoco una política que se ocupe exclusivamente de la propagación de la inflación, por si sola, puede funcionar. Si una política de ingresos coordinada a través de un pacto social logra disminuir la suba de precios, su resultado será efímero si no va acompañada por un nivel de oferta monetaria congruente a la demanda por el público, o bien, si el déficit del sector público no logra encarrilarse en un sendero de equilibrio.

Sólo con el compromiso y la confianza, asumidos por todas las partes, se podrá ganar en orden y previsibilidad.

Economista, ASAP Córdoba.

 
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