Chile, más allá de la razón o la fuerza

Por Mario Pino

En su “Desafío a la política neoliberal” J. E. Miguens relata que en el año 494 aC sucedió lo que puede haber sido el primer “sit in strike” de la historia occidental, cuando de manera pacífica pero contundente, la plebe de la urbe, cansada de guerrear y trabajar para los ricos y poderosos, tomó sus armas y se retiró al Monte Sacro en vigilia. El “hecho político -continúa Miguens- fue que el pueblo depuso su actitud de protesta porque le otorgaron el perdón de las deudas, derogaron el derecho del acreedor de encarcelar o esclavizar a sus deudores y, lo más significativo, se crearon magistraturas especiales destinadas a velar por la conservación de sus derechos” (Cap. 3). El autor sostiene acertadamente que, desde aquellos tiempos, el argumento de que unos están para mandar y otros para obedecer, Platón dixit, se esgrime por las clases dominantes y conservadoras para mantener sus privilegios.

En Chile, el estado de convulsión e intranquilidad ha provocado desde octubre de 2019 alrededor de 30 muertos, más de 2.000 heridos, entre ellos, los varios cientos que perdieron para siempre total o parcialmente la vista por la represión y denuncias consistentes sobre violaciones a los derechos humanos. El gobierno del presidente Sebastián Piñera sólo subsistió porque en el proyecto pinochetista estaban comprometidos los principales partidos opositores, que se unieron para salvar lo que pudieran de la institucionalidad cuestionada.

Como con los plebeyos del Monte Sacro, la “invasión de los alliens”, al decir de la primera dama Cecilia Piñera, se calmó parcialmente con las promesas de precios máximos para los medicamentos, rebaja en pasaje del transporte urbano para adultos mayores y aumentos en las pensiones. Pero las protestas arrancaron algo más importante: un plebiscito para encarar la reforma de la constitución pinochetista de 1980, que ninguno de los gobiernos democráticos atinó a cambiar. Esta concesión otorgada “in extremis” trata de encauzar la resolución del conflicto en el ámbito institucional de un proceso en el que volverán a enfrentarse dos sectores irreconciliables: quienes sostienen el sistema vigente versus quienes aspiran a mayores estándares de justicia, igualdad y democracia.

El atiborrado cronograma electoral, que sólo engañosamente puede sugerir diálogo ciudadano amistoso, es el siguiente: plebiscito constitucional el próximo 26 de abril para decidir si se desea modificar la constitución y cómo; 7 de julio, primarias municipales y regionales; 25 de octubre, se elegirán gobernadores, alcaldes y convencionales constituyente; en julio del 2021, primarias presidenciales; septiembre de 2021, el plebiscito ratificatorio constitucional; 21 de noviembre de 2021, primera vuelta presidencial, y 19 de diciembre segunda vuelta presidencial. El nuevo presidente constitucional asumirá en enero de 2022.

La cultura del “entertainment”, como parte del modelo, intentará dominar el escenario de la mano de las discusiones políticas. Todo este proceso debe llevarse adelante bajo la administración del actual presidente, cuya legitimidad ha descendido a niveles muy precarios y solamente se sostiene por el apoyo de la oposición institucionalizada.

Los hechos suscitados en Viña del Mar, durante los días de su famoso festival de la canción, han ratificado la convicción de que la ebullición subyace es difícil de calmar, lo que hace dificultoso que el tiempo del largo cronograma pueda transitar un camino de diálogo y reflexión pacífica; más bien, puede colocar a Chile entre Escila y Caribdis; entre la revuelta y la represión. El voto opcional instituido para los procesos electorales, único mecanismo de participación política regular de la ciudadanía, fue rápidamente cambiado por una ley de voto obligatorio, después de los disturbios, que intenta comprometer al pueblo en las decisiones políticas mediante el mecanismo electoral. Chile puede haber llegado tarde a este remedio cuando ya, al igual que en todo occidente, la desconfianza en la democracia republicana y el desprestigio de los partidos políticos que la sostienen aparece como de muy difícil reversión.

El sistema se mantuvo a lo largo de medio siglo por la razón o la fuerza; por la razón del proceso democrático hasta ahora, y antes, por la fuerza de la dictadura que lo estableció. Su implosión encierra las dudas sobre la validez del camino transitado que se mostraba como ejemplo, no solamente a los países de la región, sino al mundo entero. Hasta la economía que sostenía el proyecto crujió y la expectativa de crecimiento para 2019 se desplomó de 2,5% a poco más del 1% como consecuencia de sólo tres meses de conflicto.

Desigualdad, injusticia y participación constituyen el corazón del conflicto que, en dos años, que pueden parecer eternos, trataran de resolver los chilenos. En este intento puede radicar la esperanza del reencuentro de los chilenos con Latinoamérica.

Abogado y diplomático.

 
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