Fallos sospechosos

Por Alejandro Zeverin

Algunos medios de prensa han calificado, de forma caritativa, al fallo que condenó a Eduardo Brandolín y Miguel Valente como uno que ha despertado suspicacias. Cuando, en verdad, resulta desde la óptica penal incomprensible, inentendible y escandaloso, que no solo despierta suspicacias, sino claras sospechas. Había una antigua propaganda sobre vinos que anunciaba, “al pan, pan; y al vino, vino”. Y de esto se trata este artículo: de hablar claro.

Un sindicalista apellidado Brandolin, a cargo del Sindicato de Luz y Fuerza, de Villa María, junto con otro, un tal Valente, encargaron a los hermanos Maxilimiano y Sebastián Eve el asesinato de Alejandro Roganti, otro sindicalista del mismo gremio que cuestionaba a Brandolin de haberse enriquecido con la gestión sindical. Los hermanos sicarios “contratados”, le disiparon a Roganti balazos calibre 9 milímetros, impactando cinco de ellos. Milagrosamente, la victima sobrevivió.

Uno de los hermanos, Maximiliano Eve, que había sido capturado, se hizo cargo del hecho ocurrido en abril del año 2008. Su confesión fue recibida con todas las garantías de ley, lo hizo ante el fiscal de Instrucción de 3° Turno, René Bosio, que tramitó al final la causa. Luego fue capturado Sebastián, y, en definitiva, ambos fueron condenados: Sebastián fue sancionado con 15 años, y Maximiliano con 7 de prisión, en el 2010. La diferencia de pena radicó en la colaboración del segundo con la investigación del hecho. Aunque ambos fueron condenados como autores materiales, de tentativa de homicidio agravado por promesa remuneratoria (pago) , o sea, el delito de homicidio agravado, en la causa todavía la denuncia de Roganti no se había resuelto del todo en lo que hacía a la identidad de los autores intelectuales del episodio, ya que los condenados nunca revelaron quiénes los habían contratado. Solo Roganti acusaba a Brandolín, con la complicidad de Valente, de haberlo mandado a asesinar.

La investigación prosiguió y se estableció que los “contratantes del sicariato” fueron, como se sospechaba y había denunciado Roganti, los gremialistas Eduardo Brandolín y Miguel Valente. Ambos, en juicio oral, fueron condenados por el delito de lesiones graves, agravadas con fundamento en que habrían encargado el ataque contra su compañero del sindicato, a solo tres años y medio de prisión, con ejecución bajo modalidad de prisión domiciliaria; mientras que Maximiliano y Sebastián Eve hace tiempo que vienen cumpliendo condenas efectivas por intento de homicidio agravado.

Ahora bien, ¿cómo cierra, desde la lógica vulgar y jurídica, que los Eve el 14 de abril de 2008 le dispararon a quemarropa cinco balazos a Roganti en la puerta de su casa y se fueron del lugar creyendo que estaba muerto, fueran condenados por ello, y los instigadores por el mismo hecho recibieran esa nimia condena por otro delito, el de lesiones graves agravadas? Pues… no cierra. Y ese es el problema que escandaliza.

Roganti, sin dudas, estaba harto de la dilación judicial, 12 años de espera con autores cantados, y así aceptó lo que fuera para detener su suplicio de esperar justicia. Oportunamente, en su denuncia había asegurado que todo había sido culpa de un “accionar mafioso de un sector del gremialismo argentino”. La investigación concluyó en lo que debía imputar tiempo atrás, junto a los Eve; llevar a juicio a Brandolin y Valente. Estos recurrieron a un juicio abreviado por ante el Tribunal presidido por la camarista Ana María Lucero Offredi, previsto en el art. 415 del Código Procesal Penal. Sin embargo, se aceptó una posición de la defensa, no prevista, prohibida además por la ley procesal, porque los acusados reconocieron un hecho distinto del requerido en la acusación que, en su pena conminado en abstracto en el Código Penal resultaba equivalente al de los sicarios.

La defensa recurrió al truco de hacer confesar a sus defendidos una responsabilidad “sui generis”, no la de haber contratado a los asesinos para matar a Roganti, sino solo de mandarlos a “asustar”. Pero lo grave ocurrió cuando el Fiscal aceptó el singular trato de los imputados por ese hecho distinto, trasgrediendo su obligación, consistente en sostener la acusación originaria. Así, sin cuestionar la letra de la ley, el Tribunal homologó el acuerdo y dictó la ridícula sentencia que tiene la peligrosidad jurídica de abrir, de ahora en adelante, una Caja de Pandora, donde se separen asesinos sicarios de sus mandantes en la responsabilidad penal, en contra de expresas disposiciones del Código Penal sobre la autoría y participación criminal.

Si de esta jurisprudencia se hubiera enterado Yabrán, seguramente no se hubiera suicidado, acudiendo a esta estrategia para esquivar las duras condenas que recibieron sus subordinados (Gregorio Ríos, mandatario de Yabrán, y los ejecutores encabezados por el policía Prellezo y la “Banda de Los Horneros”: Auge, Gonzales, Braga y Retana) por el crimen del periodista José Luis Cabezas. Jurisprudencia aquella ahora en crisis por esta más reciente.

Se ha comentado que la justicia, en las personas del Fiscal y los Vocales de Cámara, tenía ante sí un hecho poco usual, inédito, que es encontrar a alguien que manda a matar a otro, pero condenado por un hecho distinto y menor en juicio abreviado. Algunos opinólogos, disfrazados de juristas, aseveran que a los jueces no pueden ser sancionados por el contenido de sus sentencias, entonces… ¿por qué existe el artículo 269 del Código Penal, prevaricato de los jueces?

La verdad, recurriendo a la publicidad de aquel vino de mesa, es que se está frente a un escándalo, y en la que debería intervenir el Tribunal Superior de Justica, por gravedad institucional.


Abogado penalista, master en Criminología

 
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