No todo lo que brilla es oro

Por Javier H. Giletta

El Poder Judicial de Córdoba, a través de un informe que se dio a conocer el lunes 23 de Junio y que se reflejó en las páginas del HDC al día siguiente, destacó que en los primeros 80 días de la emergencia sanitaria se dictaron 27.279 resoluciones, se decretaron 524.731 peticiones y se libraron 32.758 órdenes de pago para profesionales y ciudadanos. Además, se concretaron “de modo seguro” 514 audiencias, 864 indagatorias, 301 pericias y 1.800 entrevistas entre defensores e imputados, mediante el sistema de videoconferencias. A su vez, el comunicado consigna que durante la cuarentena se habilitaron más de “diez nuevos servicios”, como las plataformas digitales para ratificar fianzas, abonar tasa de justicia, presentar poderes y acceder a expedientes en soporte papel, a los que se agrega la reciente aplicación “Mi Justicia”, que posibilita la consulta pública de expedientes desde dispositivos móviles. Por último, el más alto tribunal de Justicia señaló que, una vez que la autoridad sanitaria (COE) habilitó la reapertura progresiva de las distintas sedes de los tribunales, se diseñó un “turnero digital” y se implementaron esquemas de “atención presencial” en todas las dependencias judiciales de la Provincia.

Debemos reconocer que semejantes números apabullan y presumimos desde ya su veracidad, atento al carácter oficial del citado informe. De todos modos, los justiciables no tienen posibilidad de corroborar dichas cifras y los auxiliares de justicia tampoco contamos con elementos suficientes para hacerlo. A pesar de ello, nos sentimos en la obligación de efectuar algunas consideraciones al respecto.

En primer lugar, a mérito de la contundencia de los datos aportados daría la impresión de que el Poder Judicial de Córdoba, a diferencia de otras reparticiones y organismos públicos, ha logrado cumplir una labor brillante en plena pandemia, superando con creatividad y eficiencia todas las dificultades y limitaciones impuestas por estas traumáticas circunstancias. Los guarismos informados, en principio, avalarían esta exitosa gestión. Así, el libramiento de más de 32.000 órdenes de pago en menos de tres meses es una cifra impactante en estos tiempos. Y más relevante aún es haber logrado dictar más de 27.000 resoluciones (aquí no se distingue entre autos y sentencias) en el mismo lapso temporal, máxime si consideramos que durante la mayor parte de ese período los tribunales permanecieron cerrados con magistrados y funcionarios trabajando solo a través del sistema de teletrabajo. Por ello, a la luz de estas cifras, la primera conclusión que se podría extraer es que a los encargados de administrar Justicia en nuestra provincia la cuarentena les ha sentado muy bien.

Empero, para tener una real dimensión de los servicios prestados por aquellos mientras se extendió el confinamiento, deberíamos tener acceso a la información sobre el funcionamiento del Poder Judicial en tiempos de relativa normalidad, pues esto nos permitiría comparar la cantidad de resoluciones dictadas o de órdenes de pago libradas en uno y otro período, durante idéntico lapso (80 días corridos). Solo de esta manera se podría llegar a determinar si los tribunales están trabajando hoy al 20, 30, 50, 80 o al 100 por ciento de su verdadera potencialidad. Y esos datos no han sido informados en esta oportunidad.

Por otra parte, advertimos que el informe bajo análisis ha sido concebido sobre la base de un criterio exclusivamente cuantitativo, sin reparar en el aspecto cualitativo de la labor judicial. Por caso, nos preguntamos cuántos de los 524.731 decretos relevados se limitaron simplemente a ordenar “téngase presente”, o “previamente, cumpliméntese ...”, o “preséntese en forma y se proveerá”, o bien, un lapidario “oportunamente”, que es tan frecuente en la actualidad, por mencionar algunos ejemplos. Con esto queremos significar que muchas veces las cifras y estadísticas públicas solo nos muestran un costado de la realidad, aquel que la autoridad pretende hacer notar.

También resulta necesario aclarar que la mayoría de los “nuevos servicios” que se mencionan en el informe (como, por ejemplo, la plataforma digital para acceder a expedientes en soporte papel y la aplicación “Mi Justicia”) fueron recientemente habilitados, en el transcurso del mes de Junio, y no estuvieron disponibles para letrados y demás auxiliares de justicia durante los primeros 60 ó 70 días del receso extraordinario dispuesto por el Tribunal Superior a mediados de marzo en virtud de razones sanitarias.

Y con relación a los “turnos digitales”, es dable remarcar que la Acordada 1.629, serie “A”, fechada el día 6 de Junio, que implementó este sistema en las 13 sedes de la Capital recién a partir del lunes 8 de Junio, dispuso de una cantidad muy exigua de turnos diarios y simultáneos (a saber: 90 para la sede de Tribunales I y el mismo número para  Tribunales II; 80 en el fuero de Familia, más 2 turnos para las Cámaras de Familia; y apenas 21 se asignaron para el edificio donde funcionan las distintas Salas de la Cámara del Trabajo; entre otros), los que resultan absolutamente insuficientes considerando el volumen de causas en trámite y la cantidad de abogados y abogadas que ejercen su profesión en esta ciudad (más de 8.000 matriculados, según la página web del Colegio de Abogados), siendo que tampoco se condice con las dimensiones reales (expresadas en metros cuadrados) que poseen los distintos edificios donde funciona el Poder Judicial.

En nuestra visión, entendemos que podría haberse ideado otro sistema o adoptado alguna modalidad superadora que garantice efectivamente el acceso a los lugares donde se imparte Justicia, de manera controlada y limitada (por número de terminación de matrícula profesional o de documento de identidad, por ejemplo), haciendo respectar estrictamente los protocolos dispuestos por la autoridad sanitaria para no poner en riesgo la salud de los justiciables ni la de funcionarios y empleados judiciales. Ello hubiese redundado en una sensible mejora en la prestación del servicio de Justicia a nivel provincial, cuya eficiencia resulta prioritaria –aún en tiempos de emergencia sanitaria- por tratarse de un servicio esencial para la sociedad.

En este contexto, llama la atención el silencio mantenido en las últimas semanas por el Colegio de Abogados de esta ciudad, cuyo desempeño en esta difícil coyuntura ha sido apenas tibio (creemos que somos muy respetuosos y hasta moderados en nuestra apreciación) y hoy tiene a sus máximas autoridades más preocupadas por resolver el grave conflicto suscitado entre la Municipalidad de Córdoba y el gremio que nuclea a los trabajadores municipales (Suoem), que concentrados en la defensa de los derechos e intereses de sus propios colegiados, a los que supuestamente deberían representar. 

La abogacía organizada está en crisis desde hace años, pero esta crisis de representatividad se ha profundizado en la actualidad, al compás de una compleja situación signada por la presente pandemia y una prolongada cuarentena que en estos últimos meses ha afectado en gran medida el funcionamiento del Poder Judicial, repercutiendo de manera directa en el trabajo y desempeño profesional no solo de los letrados sino de los auxiliares de justicia en general.

Lamentablemente, este aspecto ha sido soslayado por los responsables del informe en cuestión, empeñados como están en publicitar y mostrar una versión muy singular de la realidad judicial, abonada con ampulosos números y estadísticas que no dejan de sorprender a propios y extraños, en especial, a todos aquellos que convivimos a diario con esa realidad. Pero, como ya se sabe, no siempre lo que reluce es oro. Y ésta no parece ser la excepción.

Abogado y docente universitario

 
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