Agenda post globalización y post pandemia

Por Eduardo Ingaramo

Como en cualquier juego de azar por dinero, la banca maneja las normas y la mayor disponibilidad de recursos, por lo que puede esperar todo el tiempo necesario para que termine “una buena racha”, hasta que el apostador comience a perder. En la post globalización y post pandemia, ¿quién pone las normas y dispone de los mayores recursos? Eso definirá el futuro de la humanidad.

Las normas no son simples leyes, son leyes que las personas, instituciones y empresas cumplen. Por lo que cabe preguntarse ¿Cuáles normas cumplimos? En la globalización, las normas que cumplíamos se referían a la libre circulación de dinero entre países, de bienes y de ciertas personas con recursos para desplazarse. Por lo que muchos (sin dinero acumulado, que no participábamos del comercio exterior y que no teníamos recursos para viajar) carecíamos de esa movilidad. Para ello se recurría a plataformas de viajes, comerciales, de compras virtuales, etc.

Esas plataformas virtuales, localizadas en guaridas fiscales o de baja tributación, suelen eludir los impuestos en los países donde no tienen su sede pero sí hacen sus operaciones, socavando la base de tributación de los países.

Así, las normas se establecían con fuerte influencia de esas plataformas, que facilitaban campañas (recordar el affaire de Cambridge Analítica en Argentina, en 2015, y en EEUU, en 2016) y financiaban grupos de presión en su favor.

El anuncio de Joe Biden de imponer un impuesto de 21% a estas empresas derivó en la del G-20 de imponer una menor tasa de 15%, que daría marcha atrás a la iniciativa de la UE de gravar a esas grandes tecnológicas (GAFAM, o sea Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) que eluden impuestos en guaridas fiscales o de baja tributación, inclusive en la UE (Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Malta) o del propio EEUU (Delaware, Nevada, Dakota del Sur).

Dado que el impuesto global requiere de la aprobación de 137 países, no parece fácil, con tremendo poder, que finalmente se logre, al menos a corto plazo, por lo que la iniciativa parece ir a una nueva frustración.

Ello hace que la banca, y por lo tanto las normas y el dinero, ya no sea de los gobiernos y países, ni siquiera de los más grandes y desarrollados, y, por el contrario, pase a manos de las tecnológicas. Al menos en occidente. Y mucho más si, como se anuncia, se harán propietarias de su propio dinero.

Mientras tanto, Forbes anuncia que los “billionaires” (más de 1.000 millones de US$) suman 13,1 millones de millones de dólares, cuando en 2020 sumaban 8. O sea, un 63% más que hace un año.

En China se impuso un freno a AliBabá, para que no se constituya como un poder autónomo, y se evitó su salida a bolsa para su capitalización, evitando afecte a bancos, empresas y consumidores. Además, se prohibió las cripto monedas occidentales, y está desarrollando su propio cripto yuan, aunque por ahora solo para su mercado interno.

Por su parte el FMI, afirma que el poder financiero de esas empresas es tan importante que ya no dependen del financiamiento de los Estados, y que ni siquiera son afectados por las medidas de política monetaria de los Bancos Centrales –incluidas la Reserva Federal y el Banco Central Europeo-, que con la variación de tasas buscan acelerar o frenar la circulación económica y la inflación.

Por ello, recomienda establecer “un control más estricto de las fusiones, particularmente cuando se trata de empresas dominantes, una aplicación más estricta del abuso de dominio, una mayor dependencia de las investigaciones de mercado y medidas más específicas para hacer frente a la economía digital en rápida evolución”. Una solución clásica y poco efectiva en los últimos años, menos cuando las guaridas –con poca o ninguna transparencia- que dependen de los más importantes países y regiones permiten “planificaciones fiscales agresivas”, que ocultan sus verdaderos dueños.

De todas maneras, en nuestro país, tras décadas de concentración y descontrol, mucho es lo que se puede hacer con las políticas recomendadas por el FMI, aún con ligeras modificaciones a la ley (22.262/80) de Defensa de la Competencia, y la puesta en marcha de las estructuras investigativas y judiciales previstas en ella.

¿Será eso a lo que se refirió la vicepresidenta Cristina Fernández, cuando planteó “acuerdos mínimos en temas de fondo”? Ojalá, sería una tácita autocrítica a su anterior gestión, en la que se produjo el mayor proceso de concentración y extranjerización de empresas privadas.

Algunos indicios existen con la reactivación silenciosa de la autoridad nacional de defensa de la competencia, la selección de sus integrantes y la creación de una Sala específica en el estratégico fuero Civil y Comercial Federal.

Eso podría habilitar el ingreso de nuevos oferentes en los mercados más concentrados, que disminuyan el poder de los grandes grupos en rubros como la alimentación, la conectividad, las plataformas digitales, los medios y otros sectores cartelizados, los que impulsan la puja distributiva y la inflación aprovechando la inacción del Estado.

 
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