Hacemos por Córdoba quiere controlar las peleas en boliches

Tras el asesinato de Báez Sosa, el oficialismo modificará el Código de Conviencia

Como consecuencia del salvaje homicidio de Fernando Báez Sosa perpetrado por diez rugbiers el pasado 17 de enero en Villa Gesell a la salida de un boliche, la legisladora del bloque Hacemos por Córdoba Nadia Fernández presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Convivencia y la Ley de Seguridad Privada con el fin de aprehender a quienes cometan posibles contravenciones o delitos en espectáculos públicos y sean puestos a disposición de la policía en lugar de ser arrojados a la vía pública en ejercicio del derecho de admisión, trasladando así el potencial peligro fuera de sus establecimientos.

Se trata de la primera iniciativa legislativa del país para evitar lo que lamentablemente ocurre cada fin de semana en casi todos los boliches del país; peleas, reyertas, discusiones que dejan heridos y, como en este último caso, un muerto por un ataque bajo la modalidad tristemente conocida como “en manada”. “Ante ello, el Estado debe ser el primer garante de la integridad y seguridad de los ciudadanos, por lo que presentamos esta iniciativa, la cual consideramos contribuirá a mitigar el accionar de los violentos” aseguró la autora del proyecto en diálogo con HOY DÍA CÓRDOBA.

La iniciativa propone la aprehensión de los presuntos infractores, mantenerlos en el lugar y dar inmediata intervención a la Policía de la Provincia, que al arribar evaluará la situación, disponiendo el arresto y resguardo de las personas según las circunstancias del hecho.

La figura de la aprehensión está contenida en el Código de Convivencia exigiendo dos testigos para resguardar los derechos y garantías de los detenidos y el personal de seguridad.

Para ello se propicia la modificación del artículo 81 bis de la Ley 10.326, Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba para aprehender en los casos de las infracciones previstas en los artículos 51 (Molestias a personas en sitios públicos), 52 (Actos contrarios a la decencia pública), 53 (Tocamientos indecorosos), 80 (Desórdenes públicos) y 81 (Escándalos y molestias a terceros), quedando expresamente prohibida la expulsión a la vía pública llegando, en casos de reincidencias, a la clausura del local por 30 días.

Córdoba no está adherida a la ley nacional 26.370 de Espectáculos Públicos, por eso el resguardo de las personas en estos eventos están comprendidos en la Ley 10.571, Régimen de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad a cargo de Alfonso Mosquera.
Esta norma especifica que la seguridad privada debe actuar cuando existe un delito pero no cuando hay contravenciones y carece de protocolos de actuación para la cooperación con la policía.

El proyecto fue presentado esta semana en la Unicameral y comenzará a debatirse a partir de la semana que viene en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales en donde se propondrá además una modificación a la ley de Seguridad Privada para que las empresas estén obligadas a capacitar a su personal incorporando la Ley Micaela y la Ley de Identidad de género para evitar la discriminación que se produce en locales bailables.

 
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