El Gobierno prorrogará por decreto durante 60 días la vigencia de la ley de Biocombustibles, ya que vencerá la semana próxima y no hay tiempo para que el Congreso sancione otra norma.
Así lo confirmó hoy el secretario de Energía, Darío Martínez, durante una visita a la provincia de Tucumán en la que fue recibido por el gobernador Juan Manzur.
«Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen, hay que ser respetuoso del Poder Legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege las pymes», señaló Martínez y agregó: «la transición energética en el mundo es lo que viene y en la Argentina también».
El secretario de Energía compartió una jornada de trabajo con Manzur, en la que además de supervisar la implementación de diferentes iniciativas de eficiencia energética por parte de la Empresa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET), se interiorizó sobre la producción de bioetanol en dos ingenios azucareros.
El 12 de mayo próximo vence la ley de biocombustibles a nivel nacional. Pese a tener media sanción del Senado para su prórroga, aún no hay acuerdo en la Cámara de Diputados.
La Ley 26.093, denominada «Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles», es clave para la política petrolera, y también para los ingenios azucareros. Actualmente está dispuesta la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil (10%) y del etanol de caña y maíz en las naftas (12%).
Si el plazo vence y no se prorroga la legislación, las petroleras no comprarían más biocombustibles, por lo que no sería necesario producirlos, esto llevaría al cierre y despido del personal.
El biodiésel argentino genera unos 300.000 empleos, entre directos e indirectos. La discontinuidad de la ley no solo generaría un enorme daño a las economías de provincias productoras, con pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que impactaría sobre inversiones por miles de millones de dólares realizadas en los últimos 15 años.
Los defensores de la norma sostienen que el corte obligatorio establecido en la ley 26.093 de naftas y gasoil con biocombustibles contribuye a la sostenibilidad ambiental, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.
En la Argentina hay más de 54 plantas productoras de biocombustibles, radicadas en diez provincias. La provincia de Santa Fe concentra un 82% (18 plantas) de toda la capacidad productiva de biodiesel del país, principalmente en la zona del Gran Rosario.
Córdoba y Santa Fe se unen ante la nueva ley
Por su parte y ante la nueva ley que pretende reemplazar a la 26.093, Córdoba y Santa Fe ya iniciaron tratativas virtuales con autoridades del gabinete de ambas provincias.
Conformaron una mesa técnica integrada con el objetivo de avanzar en la transición energética hacia combustibles sustentables, según detallaron fuentes del gobierno provincial.
El encuentro tuvo como eje principal definir y trabajar en una agenda conjunta, a los fines de unificar criterios y coordinar acciones para fomentar, promocionar e incentivar la producción de biocombustibles.
Sin embargo, este no fue el primer encuentro, ya que ambas provincias vienen generando desde hace tiempo espacios de discusión para proteger y resguardar” a la Región Centro frente al proyecto de nueva ley de Biocombustibles.
Participaron de la reunión la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; el ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara; el ministro de Servicios Públicos, Fabián López; el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso y por la provincia de Santa Fe, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; el presidente de Enerfe Juan D´angelosante; el secretario de Industria, Claudio Mossuz y la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino.
Córdoba es la primera productora nacional de maíz, y sus productores tienen la impronta de generar valor agregado, y es ese camino el que debemos potenciar”, sostuvo Busso.
Por su parte, Rivero consideró que resulta de gran relevancia para la región poder avanzar en una agenda conjunta que permita concretar la transición energética hacia los biocombustibles”.
Al respecto, Accastello expresó: «Córdoba y Santa Fe son las provincias que más inversiones han realizado y donde más empleos se han creado vinculados a la industria de los biocombustibles. Para que los biocombustibles sigan siendo una política de Estado es fundamental coordinar acciones conjuntas en defensa de esta importante actividad productiva que elabora combustible ecológico, agrega valor a nuestros granos y genera empleos».
A su turno, De Chiara señaló: «La producción de biocombustibles es de una gran importancia para la región, por el agregado de valor a las materias primas de origen agrícola y el conocimiento y la innovación que aporta, con el plus de la generación de más posibilidades de desarrollo de energías limpias y sustentables. En esto también tenemos una total coincidencia con la provincia de Santa Fe y será uno de los ejes de trabajo conjunto»
Cuando hablamos de biocombustible, hablamos de legislar para adelante, hablamos de profundizar la experiencia adquirida en estos 15 años de vigencia de la Ley 26.093 para desarrollar, aún más en Argentina, con esta alternativa con que contamos para la transición y trasformación energética. Compromiso que, vale la pena remarcar, ha sido refrendado por Argentina en innumerables Convenciones, Pactos y Acuerdos Internacionales como, por ejemplo, el último, el Pacto de Paris del año 2.015 ratificado por nuestra Ley 27.270”, concluyó López.
