Paro de los judiciales por las condiciones de bioseguridad

Los trabajadores reclaman el cumplimiento de los protocolos de prevención en los tribunales

Los trabajadores judiciales de toda la provincia iniciaron ayer un paro por 48 horas en reclamo de medidas de cuidado y prevención ante la pandemia, luego de que la semana pasada falleciera una empleada de un juzgado de Conciliación Laboral de Tribunales I a causa del coronavirus, y se contagiaran varios miembros de esa dependencia.

Tras el asueto por duelo decretado el viernes último por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) lanzó una huelga total de actividades “en reclamo de condiciones de bioseguridad y duelo por el fallecimiento de una trabajadora judicial”. El paro se realiza “sin asistencia a los lugares de trabajo ni conexión digital y se extiende hasta las 24 horas del 11 de agosto o hasta la finalización del turno donde exista trabajo nocturno”, informó.

El sindicato judicial planteó ciertas exigencias al TSJ, como “la intervención urgente del COE (Centro de Operaciones de Emergencia) ante la denuncia realizada por Agepj, el cumplimiento por parte de la patronal de los protocolos de bioseguridad, el otorgamiento de las dispensas legales establecidas en los DNU, información por parte de la patronal de las medidas sanitarias que ha tomado y que tomará (…) y la conformación de una instancia de negociación con el empleador para arribar a soluciones de bioseguridad consensuadas”.

Si bien el TSJ respondió en la víspera a algunos de dichos planteos, como el inicio de los testeos en Tribunales I (ver Cumbre…), el secretario general de Agepj, Federico Cortelletti, ratificó que “el paro continúa y no está sujeto a revisión, en primer lugar porque murió una compañera. Pero hay otra cuestión aquí y es que venimos reclamando desde el inicio del trabajo presencial el cumplimiento irrestricto de los protocolos para evitar por todos los medios posibles los contagios en el lugar de trabajo”.

El gremio denuncia que “hay edificios donde ingresa mayor cantidad de personas que lo permitido en los protocolos (como Tribunales I) y magistrados en Capital e interior que obligan a asistir personalmente a todo el personal de su oficina”, sin tener en cuenta las medidas de distanciamiento social. Por su parte, la Asociación de Magistrados envió una nota a la titular del TSJ, María Marta Cáceres de Bollati, en la que transmitió su preocupación por el avance de la pandemia en los estrados de la provincia, y le reclamó una serie de medidas para garantizar las condiciones de bioseguridad, como la “elaboración y puesta en funcionamiento de protocolos sanitarios estrictos y rigurosos”.

Cumbre del TSJ con el COE y el fiscal General

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Marta Cáceres de Bollati, reaccionó ayer ante los reclamos de los empleados judiciales y mantuvo una reunión con el fiscal General Adjunto, Héctor David, y las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Córdoba. Durante el encuentro, según informaron, se analizó la situación sanitaria del Poder Judicial con “la finalidad de profundizar las medidas dispuestas desde el inicio de la pandemia y definir nuevas acciones de carácter preventivo en los tribunales provinciales”.

Lo cierto es que la primera respuesta a los reclamos de la Agepj fue la decisión del TSJ y del Ministerio Público de disponer la realización de pruebas serológicas “a 600 integrantes del Poder Judicial de Córdoba” en Tribunales I, donde se registró la muerte de la empleada y otros contagios. El operativo coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia comenzó ayer con las pruebas en alrededor de 300 empleados de la dependencia y continuará hoy “hasta completar el testeo de los 600 agentes judiciales que, durante estos días, cumplen funciones presenciales en Palacio de Justicia I”, se informó.

 
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