Denuncian el avance de una construcción en zona protegida

La Justicia ordenó el cese de las actividades en el lugar

Desde la Asamblea Vecinos del Chavascate, denunciaron que la empresa Ticupil S.A. incumple con una orden judicial que, desde 2019, la obliga a paralizar las obras que realiza en una zona catalogada como “roja” por la Ley de Bosques.

Los vecinos de la zona sostienen que la constructora avanza generando un “daño ambiental irreversible”. Ahora, la Cámara de Apelaciones emplazó a la firma desarrollista y a la Policía Ambiental para que brinden explicaciones.

Según los integrantes de la asamblea, llevan desde 2013 intentando que la empresa Ticupil S.A. no continúe con la construcción de un mega emprendimiento inmobiliario en la zona de Agua de Oro, ubicado sobre el área categorizada como roja en el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y muy cerca del río Chavascate.

“Desde la Asamblea Vecinos del Chavascate seguimos aportando datos a la Justicia, sobre el incumplimiento por parte de Ticupil S.A. de la orden judicial de suspender las obras en Candonga, vigente desde abril de 2019, aunque la empresa nunca la respetó y la Policía Ambiental no la hace cumplir, a pesar de las innumerables denuncias que hicimos desde entonces”, comienza el comunicado.

La obra fue autorizada por el gobierno provincial y, años más tarde, llevó a la imputación del exsecretario de Ambiente Provincial, Raul Costa, y de dos funcionarios más del área. El juicio se demoró más de 7 años y, cuando parecía que este año se iba a concretar, según informó La Tinta, la Cámara de Acusación resolvió devolver el expediente al fiscal Anticorrupción.

En este contexto, desde la Asamblea Vecinos del Chavascate afirman que la empresa Ticupil incumple la orden judicial vigente desde abril de 2019, que prohíbe terminantemente el avance de las obras.

Ante una nueva denuncia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación emplazó a la empresa para que aclare si ha suspendido las obras, bajo apercibimiento de considerar la reticencia a su contestación como desobediencia a la autoridad judicial.

Por otro lado, la Policía Ambiental también tendrá un plazo de 10 días hábiles para informar sobre las medidas llevadas a cabo a partir de las denuncias realizadas por los vecinos. “Celebramos esta resolución y esperamos que, de una vez por todas, la empresa Ticupil S.A. deje de destrozar el poco monte nativo que nos queda”, indica el comunicado.

 
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