Judiciales no vacunados serán licenciados sin goce de sueldo

De acuerdo a lo establecido por el TSJ en agosto, un grupo de 11 empleados que no quieren vacunarse ni presentar PCR negativo no podrán presentarse a trabajar la próxima semana

A partir de este lunes 20, once trabajadores judiciales de los Tribunales provinciales serán licenciados sin goce de sueldo por negarse a la inmunización contra el covid-19 y también a la presentación de test PCR negativo cada 72 horas, tal como estableció el Superior Tribunal de Justicia (TSJ) en el mes de agosto.

Ante la vuelta a la presencialidad en el Poder Judicial de Córdoba en septiembre, el TSJ había determinado que solo podrían retornar a la actividad aquellos empleados que hubieran recibido las dos dosis de cualquier vacuna contra el Covid-19 o que se hubieran aplicado la primera y no tengan comorbilidades.

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En caso contrario tanto, el acuerdo reglamentario número 1.712, dispuso que se debería optar entre dos posibilidades. Por un lado, presentar un test de diagnóstico (PCR) negativo efectuado a su cargo cada 72 horas, que deberían renovar mientras dure su prestación presencial. La otra opción era solicitar la licencia sin goce de haberes. Esta última sería concedida automáticamente para quienes no expresen su elección o se nieguen a presentar hisopado negativo.

La gran mayoría de empleados que no se habían inoculado en los inicios de septiembre (alrededor de 500) ya se han inoculado. Sin embargo, un grupo de 11 trabajadores todavía se resiste a la vacuna y tampoco acceden a presentar al respectivo test para acreditar la ausencia de síntomas de contagio, motivo por el cual el TSJ procederá a su licencia sin goce de sueldo automática.

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Estas personas previamente habían cuestionado el acuerdo reglamentario antes mencionado a través de la presentación de un recurso de amparo argumentando que habían “sido avasallados por una resolución autoritaria” que los obligaba a ser parte de un “experimento médico científico”.

El Ato Cuerpo posteriormente rechazó el recurso de reconsideración considerando que la medida no era irrazonable ni desproporcionada, en tanto que se presentaba como adecuada e idónea para la consecución de fines constitucionalmente válidos, como son la protección de la salud de los trabajadores judiciales y de la salud pública en general.

 
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